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El Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo promueve lecturas obligadas para un mejor servicio público.

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METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

A través de este documento -desarrollado por el Consello de Contas de Galícia, que es una institución similar a las auditorías superiores de las entidades federativas en México- se busca que las entidades públicas desarrollen estrategias para la implantación de un modelo de organización y gestión basado en tres elementos que contenga un plan de prevención de la corrupción: 1) Establecer una política de integridad institucional; 2) Identificación, evaluación y análisis de riesgos de corrupción y, 3) Adopción de medidas de supervisión y control.


Se trata de identificar las áreas de actividad de la entidad y los riesgos que afectan estas actividades a partir de evaluación de éstos; elaborar mapas de riesgos que recojan los aspectos que se les debe prestar atención; así como las medidas correctoras a implantar. Refiriéndose a administración de riesgos al proceso sistemático que deben realizar las administraciones para evaluar los riesgos a los que se exponen al realizar sus actividades, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos con la finalidad de definir estrategias que permitan controlarlos.

Finalmente, se recomienda que el modelo de organización y gestión contemple un enfoque global que abarque la totalidad de los riesgos de gestión, además de los que se
relacionan con los de corrupción e integridad, sino tambíén los de cumplimiento con el marco normativa general para una buena administración y una adecuada presentación de
la información financiera.

Consello de Contas de Galicia

Es el órgano de control externo de lo actividad económica y financiera de Galicia. Su ámbito de competencia se extiende a la fiscaIizanción externa de Ia gestió economica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma da Galicia, así como al asesoramiento al Parlamento de Galicia en materia económico-financiero y al ejercicio de la función de prevención de la corrupción en el ambito del sector público de la Comunidad Autónoma.

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