IDAIPQROO en espera de que Congreso del Estado cumpla con el resolutivo para la protección de datos personales de un ciudadano

José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, precisó que de la denuncia realizada al Congreso del Estado por el tema de protección de datos personales, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) resolvió bajar de la web los datos de la persona que afirma no haberlos proporcionado al Poder Legislativo.

Dijo que la resolución que emitió el Idaipqroo consiste en ordenar en que se retire el nombre de la persona del padrón de beneficiarios por apoyos sociales, puesto que lo que se está privilegiando es la protección de los datos personales.

Por lo tanto este organismo se  encuentra a la espera de que el Congreso del Estado les notifique haber cumplido con bajar de la página oficial los datos personales de la denunciante para poder subsanar el proceso.

Refirió que existen leyes, que exigen transparentar el uso de los recursos públicos, tal es el caso de la Ley de Transparencia local y en ese sentido, a través de los avisos de privacidad, se debe informar a los solicitantes que cierta información de carácter personal deberá ser publicada en los portales de transparencia de quienes administren esos recursos, así como también de cuáles serán las finalidades del tratamiento de dichos datos y si serán compartidos con alguna otra autoridad u organismo público.

 En el caso en comento, cabe precisar que el IDAIPQROO no es autoridad competente para determinar si se dio o no el apoyo a la denunciante, sino sobre el tratamiento legítimo a los datos personales.

Es necesario señalar que de conformidad a la legislación de protección de datos personales del Estado, este Instituto debe realizar la verificación a los 105 sujetos obligados registrados, respecto a la puesta a disposición de sus respectivos avisos de privacidad con el objetivo de que este órgano público garantice el adecuado tratamiento de los datos personales en el Estado.