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En una oficina de cinco metros cuadrados dentro de una pequeña plaza comercial de Ciudad del Carmen, Campeche, operan oficialmente las empresas E&P Solutions y Energy Oil and Gas. Es un despacho polvoriento, donde no hay mesas, sillas o personal trabajando.
El empleado del despacho contiguo observa el cristal sucio de la oficina, que solo tiene un aparato de aire acondicionado empotrado en la pared, y asegura que no recuerda que en ese cubículo operen esas dos compañías.
“Nunca antes había escuchado el nombre de esas empresas”, dice encogiendo los hombros.
El vecino de despacho no es el único que no conoce a esas dos empresas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tampoco pudo encontrar ni rastro de ellas.
Y no las encontró porque se trata de empresas fantasma, es decir, compañías que no están en donde reportan, no pagan impuestos, usan facturas falsas y no tienen la infraestructura ni el personal necesario para dar servicios. Por eso están en la ‘lista negra’ del SAT.
Quien sí encontró y tuvo tratos con estas empresas fue el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), una universidad pública que en 2013 las contrató por 566 millones de pesos para dar “servicios profesionales especializados en ingeniería” a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Esta universidad pública de Tabasco no sólo contrató a E&P Solutions y Energy Oil and Gas. También a otras dos empresas: Drilling and Completion Services y a Integrated Reservoird Management Services de México.
Las cuatro participaron en el fraude de 566 millones de pesos y tienen en común que comparten socios, representantes legales y comisarios, quienes resultaron ser prestanombres, según se confirmó al entrevistarlos en sus domicilios, colonias populares y con altos índices de violencia de Tabasco.
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No es la única coincidencia. Estas cuatro empresas tienen otro elemento en común: desaparecieron en cuanto recibieron el dinero público, según consta en la fecha que presentan las actas de liquidación entregadas al Registro Público del Comercio y en los datos de los contratos de cada convenio.
Esta es la punta del iceberg. Con ese modus operandi, entre 2011 —con Felipe Calderón en la presidencia y Juan José Suárez en la dirección de la paraestatal— y 2014, Pemex entregó 3 mil 576 millones de pesos a 96 empresas, para lo que contó con la complicidad de seis universidades públicas del sureste del país, con quienes firmó 39 convenios.
A través de la filial Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP), la petrolera firmó esos convenios de colaboración con la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, y las universidades Juárez Autónoma y la Tecnológica, ambas de Tabasco.
Las universidades, aunque declararon por escrito que tenían la capacidad para cumplir con todos los convenios y se quedaron con una comisión de 634 millones de pesos, contrataron a otras empresas, que tampoco podían dar el servicio, por lo que contrataron a unas más. El dinero dio tres vueltas.
La Universidad Popular de la Chontalpa, por ejemplo, declaró por escrito que tenía la capacidad para cumplir con servicios para Pemex-PEP y que “no requería la contratación de ningún tercero”. Era mentira.
El convenio 425102832 entre Pemex y la Chontalpa se firmó por 238 millones de pesos. Pero ese mismo día, la universidad transfirió el dinero a la empresa Maheca S.A. de C.V.
Esta subcontratación se realizó sin que la universidad justificara con un estudio de mercado que contratar a esa empresa significaba mejores precios o mejores condiciones para realizar los servicios.
En otro caso, en el convenio con Pemex-PEP 428811857, la Universidad de la Chontalpa tenía tanta prisa por subcontratar a Maheca S.A. de C.V., que firmó el contrato un día antes de sellar el convenio con la petrolera.
La Universidad de la Chontalpa repitió este modelo en al menos once ocasiones tanto con Maheca S.A. de C.V. como con otras tres empresas: Surface Technology SA de CD, Pro Source S.A. de C.V. y Cantarell Services. Así repartió 861 millones de pesos.
El modelo se repitió una y otra vez hasta sumar 3 mil 576 millones de pesos.
Emilio Lozoya Austin fue director de Pemex los primeros 4 años de este sexenio. Cuestionado sobre estos convenios, respondió a Animal Político y MCCI: “dichos contratos se asignaron a nivel de la regiones, y no desde el corporativo, de tal forma que nunca conocí ni los detalles ni participé en los procesos de adjudicación”.
“Si hubo posibles irregularidades, mi postura es que se investigue y en su caso deslinden responsabilidades. Esto siguiendo el debido proceso y analizando los temas técnicos que estos contratos hayan estipulado”.
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96 empresas y exfuncionarios involucrados
Los 39 convenios que se firmaron con las universidades fueron palomeados por altos funcionarios de Pemex-PEP que, lejos de ser sancionados, fueron premiados con un ascenso. Por ejemplo, José Luis Fong Aguilar, como subdirector de Producción Región Sur, firmó el convenio 425102832 con la Universidad Popular de la Chontalpa, lo que significó un desvío de 238 millones. En la actualidad continúa en la petrolera como subdirector, pero ahora del área de Producción Bloques Norte.
Un caso más claro es el de Juan Javier Hinojosa Puebla, quien como subdirector de Desarrollo de Campos de la petrolera firmó dos de estos convenios por un total de 207 millones. Hoy, es director de Pemex-PEP.
Cuando se le pidió a Hinojosa Puebla su versión de lo ocurrido se negó a responder.
La actual administración de Petróleos Mexicanos dijo a Animal Político y MCCI que la petrolera “constató que las universidades e instituciones educativas estatales con las que se celebraron los contratos cumplieran con los requisitos (fundamentalmente consistentes en su capacidad técnica y económica), que en la normativa de la empresa se encontraban establecidos para la contratación de los servicios”.
Y agregó que “en todos los casos, las universidades declararon contar con la experiencia y recursos, así como con la capacidad técnica y financiera para cumplir con la prestación de los servicios objeto del convenio específico”.
En su momento, la Auditoría Superior de la Federación reportó que estos convenios entre Pemex y las universidades públicas fueron ilegales, pues las instituciones educativas no realizaron los servicios y, violando la ley, subcontrataron a empresas.
Animal Político y MCCI revisaron cada uno de los convenios para determinar qué pasó con el dinero público involucrado. La investigación se abocó en confirmar si las empresas contratadas operan legalmente, visitar los domicilios registrados, cuestionar a los socios de las mismas y comprobar si se prestaron los servicios.
El resultado: se confirma que, contrario a lo que respondió Pemex, las universidades no realizaron los servicios y entregaron el dinero público destinado a mejorar la producción petrolera del país a 96 empresas que presentan un amplio ramillete de irregularidades.
Por ejemplo, cinco de las compañías son fantasma, según el SAT; siete no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); seis recibieron millones de pesos a pesar de no contar con folio mercantil —el registro que toda empresa debe tener antes de operar legalmente—; cuatro no existían en la dirección reportada, y 11 fueron desmanteladas tras recibir el dinero de los contratos.
Además, como parte del fraude millonario, Pemex-PEP entregó contratos por 932 millones de pesos a siete compañías que pertenecen, o que tienen entre sus integrantes, a 10 exfuncionarios de la misma filial petrolera.
En algunos casos, incluso, los exfuncionarios violaron la ley de Servidores Públicos al no esperar un año fuera del servicio público para hacer negocios con Pemex-PEP.
Pero para Pemex esto “es normal”, pues dijo que “esos profesionistas cuentan con capacidad y experiencia en el ramo, para la efectiva prestación del servicio”.
Uno de los exfuncionarios que presuntamente violó la ley es Héctor Vera Argüelles, quien trabajó como supervisor en el área de Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP hasta que en octubre de 2010 abandonó la petrolera.
Siete meses después de dejar el cargo, Vera Argüelles se convirtió en representante legal de la empresa Maheca S.A. de C.V. y consiguió dos contratos por 127 millones de pesos para dar servicios a Pemex-PEP.
En poco más dos años, esta empresa vinculada al exfuncionario sumó 502 millones de pesos en ocho contratos.
El exfuncionario usó el mismo esquema: Pemex-PEP contrató a Maheca S.A. de C.V. a través de la Universidad Popular de la Chontalpa, para que diera asesorías petroleras. Esto, a pesar de que la empresa, según su acta constitutiva, se dedica a asesorías contables e informáticas.
Pero Maheca no fue el destinatario final de todo el dinero. Como no tenía el perfil ni la capacidad para cumplir con los servicios, entonces subcontrató a cinco empresas a las que transfirió 90 millones de pesos de los 342 millones que recibió de tres convenios con la Universidad de la Chontalpa.
De esas, Logistic Peninsular S.A. de C.V. ya fue denunciada por el SAT como empresa fantasma. Construcción, Suministros y Arrendadora Lomax recibió dos contratos pese a no tener folio mercantil, según respondió en una solicitud de información la Secretaría de Economía. Mientras que Pen Comerce S.A. de C.V. y Global Baker Oil fueron liquidadas en el estado de Guerrero, lugar de su sede, una vez que recibieron contratos millonarios.
“Si yo fuera empresario, no trabajaría de conserje”
Maheca ni siquiera tenía socios de verdad: Francisco N., uno de los accionistas fundadores —de los dos que registró la empresa cuando fue constituida en 2010—, es un conserje que labora limpiando el suelo de una escuela ubicada en una ranchería pobre de Tabasco.
Francisco N. admitió en entrevista que se alquiló a un bufete de contadores para aparecer como dueño de Maheca. No dijo cuánto recibió por convertirse en prestanombres, aunque sí aseguró que no vio ni un peso de los millones que le empresa ganó mientras él fue accionista.
“Si yo hubiera ganado algo de ese dinero no estaría trabajando en esta escuela”, dijo el conserje y prestanombres de Maheca.
La otra persona que aparece como dueña de la firma, Ofelia del Rosario Arce Medellín, no fue localizada en el domicilio reportado. Tampoco se localizó a Alejandra Pinete Herver, otra accionista. Quien vive en el domicilio negó conocerlas o saber algo de Maheca: “En mi casa vivo yo y no sé nada de esa empresa”.
Otro exfuncionario que se benefició de este esquema es Silvano Torres Xolio, quien de 1993 a 2003 fue superintendente en la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial de Pemex-PEP, y en junio pasado se postuló como candidato a presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el Partido Verde.
Torres Xolio se asoció con Williams Morfín Silva —que tuvo el cargo de subgerente en la subdirección de Seguridad Industrial de Pemex-PEP— para fundar la empresa Cantarell S.A. de C.V.
Las acciones de Cantarell se transfirieron en 2006 a Flor Estefanía Torres Gallardo, hija de Torres Xolio. Mientras que su hermana, Diana Beatriz Torres Gallardo, figura desde ese año como representante legal de la empresa Pro Source S.A. de C.V.
Estas empresas en 2013 ganaron 190 millones en dos contratos entregados por la Universidad de la Chontalpa para trabajar con Pemex. De ese monto, transfirieron 28 millones a una empresa catalogada como fantasma por el SAT y otra más que no existe en el domicilio registrado, tal y como corroboró este equipo de investigación. Apenas 76 millones se entregaron a tres empresas que sí hicieron los servicios y los 113 millones restantes simplemente se desvanecieron.
En los domicilios que registraron Pro Source y Cantarell en los contratos con la Universidad de la Chontalpa, Animal Político y MCCI confirmó que las oficinas están desmanteladas. También se visitó el domicilio reportado por Silvano Torres Xolio, en Villahermosa, Tabasco, pero éste no respondió a la petición de entrevista.
Ante el Registro Público de Comercio, Cantarell aparece liquidada el 6 de julio de 2016. La empresa argumentó que se disolvió porque estaba “agobiada por los gastos operativos”.
Regreso al futuro
A través de la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche (UNACAR), Pemex-PEP entregó en 2012 dos contratos por 86 millones a MC Tecnologies S.A. de C.V. Sin experiencia previa con Pemex, esta compañía recibió contratos millonarios dos años después de que su socio fundador, Benito Javier Criollo Herrada, dejara la petrolera tras 20 años de trabajar como gerente en el área de Perforación-división Norte.
En el acta constitutiva de esta empresa también figura como comisaria Candy Guadalupe Pérez Pérez, quien no sólo es empresaria, sino también —y al mismo tiempo— funcionaria de Pemex-PEP en el área de supervisión de contratos.
MC Tecnologies fue contratada para dar servicios a la petrolera en junio de 2012. Sin embargo, el convenio que avaló esta contratación entre UNACAR y Pemex-PEP está firmado en junio de 2013. Es decir, a MC Tecnologies se le entregó el dinero un año antes de que la propia Pemex-PEP supiera que necesitaba esos servicios.
El exfuncionario Benito Javier Criollo no respondió a la solicitud de entrevista.
Animal Político y MCCI buscó al rector de UNACAR, José Antonio Ruz Hernández, pero también declinó hacer comentarios.
Con este esquema, Pemex se suma a la lista de instancias del gobierno federal que firmaron contratos por 7 mil 670 millones de pesos.
Y eso, sin contar que hasta el día de hoy, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios iguales con universidades públicas que violan la Ley de Adquisiciones y que involucran 31 mil 668 millones de pesos.
