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La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo, se alista para iniciar con los primeros operativos de supervisión en tiendas de servicio y autoservicio o de conveniencia, así como también en mercados, supermercados, farmacias, restaurantes y similares para vigilar cumplan con la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo que prohíbe el uso y venta de plásticos y desechables de un solo uso.
De acuerdo al procurador ambiental, Miguel Ángel Nadal Novelo, en el último año el uso bolsas, vasos, popotes, cubiertos de plásticos, así como charolas de unicel se incrementó en más del doble derivado del crecimiento población y el uso desmedido de desechables, sobre todo en estos tiempos de pandemia.
Este comportamiento ha provocado que reduzcan los tiempos de vida de los rellenos sanitarios o basureros cielo abierto al existir mayor generación de residuos, lo cual podría causar serios problemas de salud y contaminación a mediano y largo plazo.
“A partir de este año nosotros retomamos el tema de la supervisión para aplicar lo que señala la ley, a inicios de año empezamos a repartir la información a los diferentes establecimientos que todavía utilizan o comercializan plásticos y desechables sobre lo que prohíbe la ley y les informamos sobre las sanciones que no es esa la finalidad pero si hay que dejar en claro que no vamos a ser flexible en ningún sentido y que se aplicará conforme a lo que señala la normatividad”.
Aunque la ley fue publicada en el periódico oficial del estado el pasado 17 de junio del 2019, no se había podía aplicar por los plazos de concientización y a causa de la pandemia por Covid-19. En primera instancia se dio un periodo de 6 meses para las zonas de exclusión con las islas y reservas de protección y un año para los demás municipios, sin embargo fue prolongado por la pandemia sanitaria.
“La ley establece que las sanciones pueden ir desde un apercibimiento, una multa de 20 a 40 mil UMAS, arresto hasta por 36 horas, clausuras temporales o definitivas , la suspensión de concesiones, registros, permisos o autorizaciones y hasta el veto de 5 a 10 años de los sitios no autorizados”.
El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo, Miguel Ángel Nadal Novelo, puntualizó que ya no hay pretextos para cumplir con la normatividad vigente, la cual se aplicará de manera estricta por las condiciones y problemas de salud y contaminación que generan los rellenos sanitarios en la actualidad al encontrarse con una excesiva cantidad de desechos.
Como ejemplo especificó que los municipios que generan mayor basura son Benito Juárez con más de 1,000 toneladas al día, mientras que en el caso de Othón P. Blanco suman más de 700 toneladas diarias, de las cuales entre el 60 y 70 por ciento son productos desechables, aunque solo una mínima parte se recupera para su reciclaje. El 30 por ciento restante es materia orgánica.
“Debido al crecimiento poblacional y uso desmedido desechables acortan el tiempo de vida de los rellenos o sitios destinados para los desechos sólidos y estos se ha incrementado en más del doble de lo que teníamos a inicios del año 2020”.
Solamente en Chetumal se ha notificado a 250 establecimientos fijos de venta de comida y comercializadoras de plásticos y desechables, informándoles que se encuentran infringiendo la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo.
La estrategia a implementar por las autoridades ambientales está el de ubicar a los distribuidores locales para evitar sigan ofreciendo productos que no cumplan con la disposición oficial y no sean adquiridos por comercios o vendedores ambulantes o no registrados.
Los únicos productos permitidos serán aquellos que sean biodegradables, por lo que también se vigilará que aquellos que los manejen garanticen que en realidad cumplan con las especificaciones de materiales y que logren su descomposición natural.
