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Modificar la Constitución al gusto del gobierno, un paso más a la dictadura

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Por Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del Movimiento Antorchista

Casi unánimemente, con excepción de algunos morenistas que ventearon el peligro de un escándalo que perjudicaría su imagen, los diputados y los “ideólogos” del partido en el poder han defendido hasta la ignominia la iniciativa de López Obrador de modificar la Constitución, para que el presidente pueda alterar, a su gusto, en cualquier momento y con el pretexto de una emergencia nacional definida por él mismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación y destinarlo a lo que su interés determine, casi como si fuera su patrimonio.

Por donde se le vea, la iniciativa atenta de forma grave contra la división de poderes, uno de los pilares más celebrados de la democracia, ya de por sí muy lastimada desde hace años, y pretende volver constitucional que un solo hombre disponga de los recursos públicos sin preguntarle a nadie más que a su dedo. De nada sirve que ese hombre diga que ese cambio lo hace con las mejores intenciones; ya sabemos que de buenas intenciones está plagado el camino del Infierno… y el de la Cuarta Transformación.

Este año, el presupuesto federal se calculó en una suma de 6.1 BILLONES de pesos. Esa cantidad se financia con los impuestos, las ventas de petróleo, energía eléctrica y otros conceptos, como los préstamos del extranjero recientemente contraídos por el gobierno federal, que ingresan a las arcas públicas de México y deben usarse para pagarle a todos los trabajadores del gobierno, desde el presidente hasta el último burócrata, para atender servicios públicos, entregar recursos a los estados y municipios, realizar obras públicas y pagar programas sociales; se trata de dinero aportado por todos los mexicanos y es obligación del gobierno atender con él diversas necesidades de los mexicanos, aunque no sean incondicionales del presidente y su partido.

La manera en que se distribuyó el presupuesto de este año fue una decisión de López Obrador, quien ordenó a sus diputados que aprobaron el presupuesto de acuerdo a a lo que él considera prioritario y  “sin moverle una coma”. Todos los sectores de la sociedad que intentamos incorporar peticiones en el presupuesto fuimos rechazados por la mayoría de Morena; nunca como ahora hubo diputados, como los de Morena, que se hayan ganado de mejor manera el mote de “levantadedos”. Sin importarles violar sus promesas electorales, los diputados de Morena y algunos satélites traicionaron a millones de mexicanos y los dejaron sin obras, sin estancias infantiles, sin programas de vivienda popular y sin apoyo al campo, entre otras cosas, a pesar que la Constitución aún dice que los diputados son representantes populares responsables de modificar el Presupuesto anual a favor de sus electores. Ya podemos imaginarnos lo que ocurrirá si se elimina esa barrera constitucional y se dan poderes plenos a un presidente, como el actual, que ha demostrado que no se escucha sino a sí mismo.

Hay quien opina que lanzar en estos momentos esta propuesta (disponer libremente del presupuesto) resulta benéfica para López Obrador y se hace con toda premeditación, pues logra que un sector amplio de mexicanos tengamos que ocuparnos del tema y dejar de lado momentáneamente los terribles problemas sanitarios y de hambruna creciente acarreados por la pandemia y la incuria del gobierno para atenderlos. Dicen que poner al país a opinar de distribución presupuestal y de modificaciones a la Constitución, resulta más cómodo para Morena y el presidente que estar dando cuentas de sus yerros en el combate de la pandemia, pues resulta evidente que cada día que pasa se les agota el repertorio de explicaciones, de datos maquillados y gráficas artificialmente horizontales respecto a los estragos que está causando el coronavirus en México, y para atenuar los gritos de dolor, hambre e inconformidad que lanzan millones de mexicanos pobres, enfermos, desempleados y hacinados en sus humildísimas casas.

En efecto, puede ser que la propuesta sea un distractor más, similar a la mascarada de la venta del avión, las subastas, los amuletos, la fundación de México “hace 10 mil años”, y otras gracejadas que algún día causarán vergüenza nacional. Sin embargo, el problema no se puede dejar de lado y simplemente dejarlo pasar como una maniobra distractora, porque en esta iniciativa hay más de fondo y no debemos permitir que se haga realidad; porque independientemente de quien gobierne, la estructura de las democracias actuales permite la existencia de tres poderes independientes y admite la posibilidad de que el pueblo nombre representantes que defiendan sus intereses en la Cámara y se opongan a una dictadura. Si se modifica la ley para que el presidente pueda disponer libremente del presupuesto nacional sin tomarse siquiera la molestia de plantear una modificación ante la Cámara de Diputados, los efectos serían muy negativos para los intereses populares. El presidente podría modificar, por ejemplo, la asignación presupuestal a estados y municipios para someterlos aún más; podría cancelar si se le antoja, cualquier programa relativamente sustancial que estuviera incorporado en el presupuesto de ingresos y sustituirlo por otro que aumente el volumen de recursos destinados para que su partido compre votos en las próximas elecciones, algo que ya hace desde ahora pero todavía con algunas restricciones presupuestales.

Estaríamos en presencia de la más gigantesca y monstruosa compra de votos en la historia moderna del país, ante la anulación abusiva, por la vía de ahogarlos presupuestalmente, de otras visiones de país representados por los partidos presentes y futuros y por las organizaciones populares; se recrudecería el bloqueo y la persecución contra mexicanos cualquiera que se mostrara crítico con el gobierno. En suma, estaríamos abriéndole la puerta a una dictadura disfrazada de transformación popular, algo que no es tan inusual en la historia (remember al fascismo). Por estas razones, debemos apoyar la resistencia de los diputados de diversos partidos, entre los que están los diputados antorchistas, que no han avalado tal atropello a las leyes, y en cuanto sea posible, disponernos a protestar masivamente en las calles si es que la 4T insiste en seguir abriéndole brecha a un dictador.

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