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Quintana Roo, endeudado y en pobreza laboral

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Por Juan Carlos Pool Contreras, vocero del Movimiento Antorchista de Quintana Roo

En días pasados, los diputados del Congreso del estado de Quintana Roo le aprobaron al Gobierno del estado un crédito por un monto de 820 millones de pesos, recursos que serán pagados en un plazo de 20 años a las instituciones crediticias. El argumento para acceder al empréstito y se endeudará más al estado es que urgen obras de infraestructura social, es decir, la construcción de obras con beneficio social en las colonias y comunidades de los 11 municipios de Quintana Roo. 

Para entrar en contexto recordaré que, a finales de 2020, el Senado de la República realizó un estudio de los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, que reveló la alarmante situación de cinco estados del país que sobresalen por su alto nivel de deuda y en la que Quintana Roo ocupa el deshonroso segundo lugar. Aquí resaltaré que solo en el 2020, el Gobierno del Estado solicitó 7 créditos por la exuberante cantidad de 4 mil millones 945 mil de pesos, ¿a dónde fue a parar toda esa cantidad de dinero? 

Sin temor a equivocarme, ni un solo peso se destinó para los sectores más empobrecidos del estado, lo que pudiera confirmarse con la información de la organización México ¿Cómo Vamos?, que reveló que los quintanarroenses se empobrecieron mucho más debido a la pandemia y peor aún porque el estado vive del turismo y durante 2020 la crisis económica dejó sin empleo a miles de personas lo que ocasionó que la pobreza laboral aumente 15 puntos porcentuales al comparar diciembre de 2019 y diciembre de 2020 pasando de 28.3 por ciento a 43 por ciento en un año pandémico. 

En 2019, alrededor de un tercio de la población quintanarroense recibía un ingreso que no le alcanzaba para adquirir los productos de la canasta básica, pero la pobreza se agudizó más en el 2020, porque el 43 por ciento de los trabajadores percibieron un ingreso que es inferior e insuficiente para comprar lo esencial para sostener la alimentación de la familia. 

Sin duda, la pobreza laboral está abriendo una gran brecha y los afectados, como siempre, es la clase trabajadora. La misma organización indicó que la situación a finales de 2020 en la mayoría del país el 40.7 por ciento de los mexicanos percibieron un salario con el que no les alcanza para comprar lo indispensable de la canasta básica, mientras que en Quintana Roo, subió a 43 por ciento. 

Estos datos revelan la lamentable condición de pobreza y de hambre que padecen miles de familias en la entidad a raíz de la pandemia de la covid-19. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, hay 373 mil 735 personas que tienen carencias por acceso a la alimentación, lo que representa el 21.7 por ciento de más del millón de habitantes del estado. En el mismo sentido reveló además que 575 mil 568 personas viven en pobreza y 60 mil 314 está en una condición de pobreza extrema. 

Habrá que recordarle al Gobierno de Carlos Joaquín González, que entre abril y agosto de 2020, contrató más de mil millones de pesos en préstamos con instituciones bancarias, argumentando que los recursos eran necesarios para la atención de la pandemia de Covid-19, mismos que negoció sin necesidad de obtener autorización del Congreso del Estado por tratarse de créditos con plazo máximo de pago de un año. 

Sin embargo, la deuda que pagarán los quintanarroenses no se reflejó en apoyos como despensas alimenticias o algún programa social que les permita sostenerse para enfrentar la crisis económica.  

Todo esto sorprende y preocupa mucho porque la economía está paralizada y mientras las autoridades gubernamentales contraen deudas y más deudas a nombre de los pobres; sabemos bien que solo es para beneficio de los amigos del gobierno y no es verdad que estén tomando las medidas adecuadas para ayudar a los trabajadores en general, ni que estén haciendo obra social como pretenden hacernos creernos. Pero endeudar al estado no solucionará la crisis de la que aún no hemos podido salir. De ahí la importancia de que se exija claridad en los recursos autorizados por el Congreso del Estado, porque se dijo que es para obra y servicios públicos y así debe ser.

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