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El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ha recibió más de 100 denuncias de ciudadanos en contra de servidores públicos estatales y municipales que han sido señalados de cometer presuntos abusos de sus funciones al verse afectados por actos de autoridades como aplicación de multas, cobros de impuestos indebidos, resoluciones erróneas y otras acciones.
Sin embargo los casos que hoy destacan son el del ex gobernador Roberto Borge Angulo, Claudia Romanillos, la ex directora del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública Estatal (IPAE), el ex secretario de la entonces Gestión Pública, Gonzalo Herrera Castilla y Julio Abner Herrera López, ex director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable (Sedetus) de la presente administración, quienes buscan la restitución de sus derechos o disminuir sus sanciones administrativas que se les interpusieron por desempeño irregular de sus funciones, alejando inconsistencias en los procesos que se llevaron a cabo.
La magistrada presidente, Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, explicó que este Tribunal, tiene la responsabilidad de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares, así como también imponer sanciones a los servidores públicos que tengan responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados como cohecho, peculado y entro otros.
“Ya el tribual está instalado y operando desde enero, ya estamos recibiendo demandas, básicamente ya tenemos más de 100 asuntos radicados en todo el estado desde el nacimiento del tribunal, ya hemos tenido realmente la competencia prácticamente plena que es la justicia administrativa fiscal y también las nuevas vías como el tema de las responsabilidad servidores públicos que hayan incurrido en actos graves sancionables“.
Detalló que han recibido demandas de juicio contencioso administrativo donde se han impugnado clausuras, cobros de derecho, operatividad de espacio de publicidad y sanciones aplicadas a ex funcionarios públicos.
Las principales denuncias se enfocan en funcionarios de los ayuntamientos de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Cozumel, así como algunas dependencias del poder ejecutivo, entre ellas la Secretaría de la Contraloría, la Recaudadora de Rentas y la Coordinación General de Situación Patrimonial.
“No hemos aplicado sanciones desde que iniciamos en enero, ya se han dictaminado algunas interlocutorias en temas de suspensión que es u incidente que se tramitan en algunos de los supuestos y sanciones como tal no se han dictado porque no han llegado al estado de resolución pero ya hay salsas en miras de cerrar las etapas de pruebas”.
Puntualizó que antes del cierre del primer periodo de labores que concluye en el mes de julio se esperan que salgan las primeras sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa, mientras tanto los procesos se llevan a cabo con la protección de las personas en conflictos.
