¿Las denostaciones de José Ángel Muñoz, a quién benefician?

Por David Sánchez Reyes.

Una vez más, algunos “comunicadores” de medios locales, arremeten en contra de estudiantes de extracción humilde, por el único delito de organizarse y luchar por la defensa de sus legítimos derechos, en contra de los abusos del poder, en este caso, del gobierno municipal de Othón P. Blanco.

            El año pasado este fenómeno ocurrió cuando algunos medios, principalmente, en el programa radiofónico denominado “Noticias con Ángel” (que en honor a la verdad es uno de los más escuchados y con mayor influencia en la opinión de la población de Quintana Roo y, por tanto, el más cotizado), se volcaron a denostar la actividad de la “colecta pública”  que, hasta la fecha, realizan los estudiantes, maestros, padres de familia, para sufragar gastos de alimentación, pipas de agua potable, luz eléctrica, gastos de transporte, inscripciones escolares, material didáctico, etc., para los moradores de 2 albergues culturales y estudiantiles, debido a que no reciben ningún tipo de apoyo o subsidio oficial; situación por la que los calificaron como infractores del bando municipal de policía y buen gobierno o, en su defecto, objetos de explotación infantil por “vividores sin escrúpulos”; en ese entonces, esa fue la sentencia del juicio sumarísimo presidido por José Ángel Muñoz. Afortunadamente, los estudiantes y sus padres de familia aclararon la situación ante las autoridades y ante la opinión pública.

            Ahora se trata de 2 albergues culturales estudiantiles, que no encontraron espacio en los albergues estudiantiles existentes como la “Casa del campesino” y el recientemente construido por el Gobierno del estado. Ante esta necesidad real y urgente, surgió la idea de gestionar ante las instancias correspondientes, la construcción de dichos albergues, idea que fue concebida por estudiantes y docentes afiliados a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (Fnerrr), quienes solicitaron el apoyo de la organización social y política, legalmente constituida, denominada “Movimiento Antorchista de Quintana Roo, A.C.”, quien a través de sus legisladores federales, hizo suya esta prioritaria demanda, y gestionar y lograron recursos federales por un total de 15 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien etiquetó estos recursos en el Ramo 23, a través del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN).

            A esta campaña de denostación e injuria se sumó el “Comité de obra”, integrado por habitantes de la Unidad Habitacional “Maya Real”, lugar donde se encuentra ubicado uno de estos albergues culturales estudiantiles; que en dos programas de radio de esta ciudad capital, denunciaron que “estudiantes respaldados por los antorchistas, se han adueñado indebidamente de este edificio, que están ubicado en un espacio recreativo para beneficio de los colonos de dicho fraccionamiento”

            Ante este y otros ataques que profieren dichas personas y el locutor ya mencionado, es necesario precisar varias cuestiones, para que la opinión pública tenga mayor claridad e información y se pueda formar un juicio más apegado a la realidad.

            Primero, es cierto que el predio donde fue construido uno de los albergues “Felipe Carrillo Puerto” es propiedad del municipio, esto es así porque el Movimiento Antorchista, solicitó a la administración pasada, presidida por el Sr. Luis Torres Llanes, un predio para poder construir el citado albergue. No es culpa del Movimiento Antorchista y mucho menos de los estudiantes que se haya destinado ese predio para tal fin.

            Segundo, las autoridades destinaron ese predio para un fin de beneficio social, en este caso, de jóvenes provenientes de comunidades rurales de Othón P. Blanco y de cualquier otro municipio. Aclaración, por aquello de las dudas, que a los inconformes y su defensor radiofónico, les surja el espíritu chovinista y la idea de querer atacar a los estudiantes por no ser originarios de esta ciudad capital o de esa unidad habitacional. 

            Tercero, no tienen razón el “Comité de obra” al decir que el edificio se está usando para un fin distinto para el que fue construido. Al contrario, se está utilizando desde un inicio para el fin que la SHCP destinó y etiquetó esos recursos, que es para un albergue cultural estudiantil, fin que se cumple a cabalidad, pues alberga a estudiantes de escasos recursos económicos, que después de realizar sus actividades escolares, por las tardes, reciben clases de declamación, danza folclórica, ajedrez, teatro, canto y música, etc., situación que contribuye a la formación integral de los jóvenes, que de no ser así, estarían ahora en las garras de los vicios, en los que muchos jóvenes en la actualidad caen, como narcomenudeo, delincuencia organizada, trata de blancas, etc., que por cierto, para lanzar una acusación de este tipo contra alguien, hay que contar con las suficientes pruebas y evidencias, de lo contrario, se incurre en el delito de calumnia o injuria.

            Cuarto, el “Comité de obra” se está extralimitando en las funciones para las que fue nombrado (por cierto, al parecer no fue elegido democráticamente por los habitantes de dicho fraccionamiento), pues su cometido era vigilar que la obra fuera concluida y, si hubiese alguna irregularidad, denunciarla a las autoridades. Pero en ningún momento fue elegido para decidir o intervenir en el funcionamiento de dicho albergue o casa de estudiantes.

            Quinto, debido a que es un albergue donde viven estudiantes, la mayoría de ellos, menores de edad, el acceso debe estar controlado y vigilado y no es de libre acceso en cualquier horario. Existen días y horarios específicos para que otras personas, que no viven ahí, puedan tener acceso para impartir o recibir clases de alguno de los talleres culturales  como danza folclórica mexicana e internacional, declamación de hermosas poesías, música y canto, oratoria, ajedrez y teatro, principalmente, que ahí se imparten; esto para garantizar la seguridad e integridad física y emocional de los moradores de dicho albergue. ¡A nadie le gustaría que todo mundo entrara libremente a la casa u hogar donde vive, verdad!

            Debido a lo anterior, queda claro que a algunos sectores de la sociedad, les molesta (o no les conviene) que los humildes de este estado y de este país (que por cierto somos más de 80 millones), se organicen y luchen por sus derechos y por mejores oportunidades de desarrollo; pues eso, seguramente, les afecta su tranquilidad y las inmensas fortunas que, gracias al trabajo productivo de esos 80 millones, han amasado durante las últimas décadas. Y no faltan aquellos sicofantes filisteos, que utilizando alguna posición de poder, son utilizados consciente o inconscientemente, para defender los intereses de quienes se oponen a la educación y desarrollo de los desheredados de este país.