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A través del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) se busca cobrar los 3,300 millones de pesos de multas económicas que interpuso la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) a ex funcionarios de la pasada y presente administración por irregularidades cometidas y el mal desempeño de sus funciones.
El contralor del Estado, Rafael del Pozo Dergal, recordó que de la pasada administración borgista se sancionó a 75 ex funcionarios y de la actual van 170, que en su mayoría además de ser inhabilitados y destituidos, también fueron acreedores a sanciones pecuniarias como castigo por haber cometido un delito.
Dejo en claro que algunas ejecuciones fiscales ya se han realizado, aunque prefirió omitir cifras y montos, ya que estos se darán a conocer por el Gobernador del Estado en su último informe de gobierno.
«Al día de hoy la contraloría ha sancionado en total poco más de 3,300 millones de pesos, una cosa es que haya una sanción y otra que haya una recuperación, el error que se ha cometido de manera reiterada es pensar que la Secretaría de la Contraloría tiene como objeto dentro de sus funciones la recuperación, cuando la reparación del daño es una actividad que le corresponde al ministerio público y a la Auditoría Superior le corresponde la defensa del patrimonio del Estado o la Federación pero no a las contralorías, las sanciones económicas que pone la Secretaría de la Contraloría son multas, por eso te decía que son más de 3,300 millones que no son de reparación de daño, son sanciones pecuniarias, son multas que algunas de ellas ya están obviamente en la ejecución fiscal a través del SatQ y algunas otras están en proceso o impugnaciones”.
El titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Rafael del Pozo Dergal explicó que cuando concluyen un procedimiento sancionador en la que se contempla una multa económica y se tiene firme una resolución, se convierte en un crédito fiscal para que el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo se encargue de ubicar bienes y cuentas bancarias de los señalados para proceder con la ejecución fiscal y embargar cuando hay negación de pagar las multas.
Precisó que este procedimiento es diferente al judicial que realizan las autoridades para la recuperación del patrimonio estatal para el caso de los ex funcionarios acusados de peculado y desvió de recursos, daño patrimonial y otros delitos.
“Cuando nosotros tenemos firma una resolución la pasamos la convertimos en crédito fiscal se pasa al SATQ y se hace la ejecución fiscal y ya dependerá de la administración tributaria ubicar si hay bienes y cuentas bancarias y otros elementos para buscar la recuperación, es decir hay que hacer un procedimiento administrativo para el cobro de las multas, aclaro, no es recuperación de activos».
Debido a los dos meses que le restan al actual gobierno, le corresponderá a la siguiente administración estatal continuar el proceso para cobrar las multas, lo cual de concretarse oxigenaría las arcas estatales.
Sin embargo hay que señalar que los créditos fiscales tiene una vigencia de 5 años y muchos de ellos no se han podido concretar por impugnaciones u otros procedimientos legales que han aprovechado los acusados para dilatar la ejecución del cobro de sus multas.
