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Javier Duarte perdió el último recurso legal que le quedaba para evitar la cárcel en México, en caso de que Guatemala decida extraditarlo.
Un tribunal federal rechazó en definitiva suspender la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Veracruz por delincuencia organizada y lavado de más de 439 millones de pesos, ya que el primer delito tiene previsto la prisión preventiva oficiosa en un juicio.
También rechazó congelar la recompensa que ofreció la Procuraduría General de la República por información que llevara a su captura, ya que, consideró, acceder a su pretensión contravendría el interés público que tiene la ciudadanía para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.
Al emitir un fallo sobre la revisión 27/2017, los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado Penal resolvieron en forma unánime que la PGR está facultada para ofrecer recompensas económicas con el propósito de lograr la captura de presuntos delincuentes.
Duarte reclamaba el que se colocará «un precio sobre su cabeza» con el acuerdo de recompensa A/178/16, pero el tribunal concluyó que se trata de una atribución prevista en la Ley Orgánica de la dependencia.
El tribunal sólo concedió a Duarte la suspensión definitiva por una cuestión de formalidad que no impedirá que su destino sea la cárcel, en caso de ser extraditado a México.
En primera instancia, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Amparo le negó la suspensión y subrayó que, en caso de ser detenido, Duarte debía quedar a disposición del juzgador que libró el mandato privativo de libertad.
El colegiado modificó ese fallo y otorgó la suspensión definitiva para el efecto de que, una vez ejecutada su captura, Duarte quede a disposición del juez de amparo por lo que toca a su libertad y a disposición del juzgado de control para efectos de continuar su proceso.
