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El amotinamiento en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal se debió en parte a que el Gobierno del Estado no atendió los puntos señalados dentro del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016.
Entre los puntos observados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encontraba el autogobierno y actividades ilícitas en el Cereso de Chetumal, pero el “gobierno del cambio” nada hizo al respecto.
Con relación a las condiciones de gobernabilidad del centro penitenciario de la capital del estado, se expuso la existencia del ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, que se cataloga como la existencia de un autogobierno o cogobierno.
También se detectaron en el diagnóstico que al interior del Cereso de Chetumal se efectúan actividades ilícitas, como la presencia de cobros de extorsión y sobornos.
Punto clave y que quedó en evidencia ante el amotinamiento, fue la insuficiencia de personal de seguridad y custodia que también fue observado por la CNDH.
