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Por unanimidad, la Decimoquinta Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo estatal para que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), lleve a cabo la reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda pública del Estado de Quintana Roo, para que la administración estatal obtenga liquidez y pueda hacer frente a las demandas de los quintanarroenses.
En la sesión ordinaria número 23, presidida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, el Pleno del Congreso, con el voto a favor de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, PRD, PVEM, Nueva Alianza, Encuentro Social y del diputado independiente, autorizó contratar hasta por un plazo de treinta años, uno varios financiamientos hasta por la cantidad de 19 mil 141 millones 825 mil 85 pesos, que serán destinados a liquidar total o parcialmente uno o los trece financiamientos previamente contratados.
También se autorizó un monto de hasta 478 millones 545 mil 627 pesos para el pago de cantidades con motivo de la reestructura y/o refinanciamiento, incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago.
El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso aseguró que la autorización otorgada no se trata de un cheque en blanco al contrario, “emitimos respetuosa y responsablemente, el mandato de cumplir con la tarea de liberar recursos que en este momento se destina al pago de onerosas tasas de interés”.
“Concretar el refinanciamiento en los términos de este decreto implica, mejorar el plazo, el perfil, y las garantías de pago de los adeudos refinanciados. Y en consecuencia, tener un ahorro de recursos en el corto, mediano y largo plazo, los cuales deberán ser reorientados a tareas productivas, infraestructura y programas sociales que mejoren la calidad de vida de los quintanarroenses”, puntualizó.
Por su parte, el diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta dijo que ese ahorro en el costo de la deuda, abonará a la liquidez del Estado para hacer frente a los requerimientos en los sectores sociales de salud, seguridad pública y educación, así como el beneficio de sanear las finanzas públicas, para entregar a las administraciones siguientes una mejor posición entre los ingresos y egresos del ejercicio correspondiente.
Agregó que a través de este nuevo esquema en el que se buscarán mejores tasas de interés y mejores plazos, se obtendrán ahorros por arriba de los 600 millones de pesos que permitirán a la administración de Carlos Joaquín tener un margen de maniobra para cumplir con los programas y planes de gobierno.
El diputado Raymundo King de la Rosa, de la fracción parlamentaria del PRI, explicó que con el nuevo esquema se pagará menos pero en un plazo más prolongado. También propuso crear una comisión especial de legisladores, para que participen en el proceso de adquisición.
El diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero consideró que la solicitud de reestructuración de la deuda pública, es una medida necesaria que permitirá la optimización de los recursos.
El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, del partido Encuentro Social, consideró que los beneficios de la reestructuración de la deuda se verán el próximo año y aseguró que la postura a favor del Congreso “no será un favor político sino un favor a los quintanarroenses”.
Ramón Javier Padilla Balam, diputado del partido Nueva Alianza, y el diputado José Carlos Toledo Medina se pronunciaron a favor de la reestructuración y otorgaron un voto de confianza a esta medida que garantizará la optimización y racionalización de los recursos públicos.
Al dictaminar la iniciativa presentada por el gobernador Carlos Joaquín González, los legisladores llegaron a la conclusión que resulta más económico iniciar un proceso de refinanciamiento y/o reestructura a efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras condiciones originalmente pactadas.
Para garantizar la transparencia de estas operaciones, tal como se establece en esta iniciativa, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado deberá informar de manera periódica a la Legislatura, cuál es el estado en que se encuentran las licitaciones de esta reestructuración, hasta el momento en que se dé la adjudicación.
A partir de ese momento, la Secretaría deberá rendir un informe pormenorizado de los ahorros alcanzados de manera anual. Del mismo modo, una vez que se concrete el refinanciamiento, éste deberá inscribirse en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Quintana Roo, y en el Registro Público Único para la inscripción de Obligaciones y Financiamientos que contraten el Estado, los Municipios y los Entes Públicos, y deberá ser publicado en el portal de SEFIPLAN en un periodo no mayor de 15 días.
Adicionalmente, para corroborar que el refinanciamiento se dé bajo las mejores condiciones del mercado, la Auditoría Superior del Estado, deberá realizar el estudio correspondiente para verificar que efectivamente, se cumpla con lo estipulado por la Ley.
En la misma sesión, el diputado Jesús Zetina Tejero, presidente de la Mesa Directiva, propuso considerar la alienación parental dentro del tipo de violencia familiar, a través de una reforma al artículo 983 ter del Código Civil.
Finalmente, la diputada Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que en ámbito de sus facultades implemente campañas de información en las escuelas de educación básica del estado para niñas, niños y adolescentes, así como padres de familia o tutores y protocolos de actuación y capacitación a las autoridades de las Instituciones Educativas sobre el “Grooming” o “Cortejo”.
