La política de “apoyo a la vivienda popular”: otro engaño más de la 4T.

Ing. Homero Aguirre Enríquez.

La carencia de vivienda adecuada es uno de los rasgos más claros y dolorosos de la inmensa pobreza que padecen millones de mexicanos como resultado del modelo económico neoliberal, que es altamente concentrador de riqueza en pocas manos y empobrecedor de la mayoría de trabajadores. Millones de familias viven hacinadas en “casas” de varas o construidas con desechos industriales, sin servicios, ubicadas a decenas de kilómetros de donde trabajan sus habitantes y muy lejos de centros de salud o escuelas.

Se esperaría que un gobierno que llegó al poder ofreciendo una transformación radical a favor de los más pobres no podría dejar sin presupuesto estos programas de apoyo a la vivienda. Eso hacía el neoliberalismo, obsesionado por la ganancia e indiferente a los dolores humanos, pero no hace mucho el Presidente López Obrador le extendió un certificado de defunción a esa peste social y económica, por lo es necesario revisar lo que la “Cuarta Transformación” le ofrece a la gente pobre y sin vivienda digna en esta época “post-neoliberal”.

El gobierno federal morenista no tiene empacho en declarar que tiene claro como debiera ser la vivienda adecuada y dedica largas parrafadas a describirla en documentos oficiales y en declaraciones a granel; cita por extenso estadísticas como las del CONEVAL donde se dice, por ejemplo, que “hay rezago en más de 14 millones de viviendas en el país” y  “73.6 millones de mexicanos, se encuentran prácticamente excluidos del mercado formal de vivienda al no percibir ingresos por hogar equivalentes a más de cinco salarios mínimos”; junto con eso dice que es una obligación del Estado mexicano “promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la población mexicana a una vivienda adecuada”.

A nivel de discurso suena muy bien, pero construir las millones de habitaciones faltantes requiere cemento, block y otros materiales mucho más tangibles que la saliva de los discursos y el papel de las declaraciones y diagnósticos; necesita un volumen de recursos públicos que el nuevo gobierno no programó ni piensa programar. Resolver a fondo este problema implica una nueva política económica que contenga mayores cargas fiscales a los grandes concentradores de riqueza y un aumento salarial sustancial a millones de trabajadores. Nada de eso aparece en la política de López Obrador, quien le ha apostado todo a la entrega de pequeñas cantidades de dinero en tarjetas que a diario agita en los templetes (pero que no han llegado a la mayoría de los beneficiarios), a cambio de que la gente renuncie a cualquier otra petición, trátese de servicios públicos o, como en este caso, subsidios públicos para adquirir aunque sea un cuarto.

Para comprobar que no habrá ninguna transformación amplia y profunda en la vida cotidiana de millones de familias que viven hacinadas, en casas de varas, carrizos, cartón o madera recogida en la basura, basta revisar lo presupuestado este año para vivienda social, es decir, con cuánto dinero cuentan aquellos programas que atendía el extinto Fonhapo, que consistían principalmente en construcción de cuartos adicionales o en mejorar en algo la vivienda de la gente más pobre del país, programas que de por sí ya eran muy limitados, pues contaban con muy pocos recursos, constituía un via crucis para cualquier solicitante obtener un apoyo y en ningún año del sexenio anterior se rebasó los 150 mil beneficiarios, en un país donde hay millones sin casa digna.

Con el gobierno de la “Cuarta Transformación” la situación va empeorar. Si consideramos que el año pasado el gobierno ejerció cerca de 2,792 millones en vivienda social para todo el país, con lo que si acaso alcanzó a construir 104 mil cuartos de 27 mil pesos cada uno; lo que en 2019 destinará a la vivienda social el gobierno de Morena da apenas un total de 1, 726 millones, casi mil millones menos, que si se destinaran íntegros a construir pequeños cuartos con un costo de 27 mil pesos cada uno, apenas alcanzaría a beneficiar con una habitación adicional a 64 mil familias. Si ese es el ritmo de atención y el volumen de recursos que le destinará el gobierno morenista a resolver este problema, cuando termine el sexenio de López Obrador habrá más mexicanos sin casa que cuando él asumió el poder. A manera de consuelo y bola de humo, el gobierno propagandiza “otros números”, pues a cambio de desmantelar los subsidios para construir habitaciones para los más pobres dice que apoyará el desarrollo de 15 ciudades y reconstruirá casas destruidas por los sismos, todo ello necesario pero que debiera financiarse con otras partidas ahora desaparecidas por López Obrador para financiar las tarjetas.

En ese contexto tan preocupante por el desmantelamiento casi total de los escasos programas de apoyo a la vivienda popular, en donde los funcionarios del ramo debieran estar interesados en encontrar recursos por lo menos para no hacer el ridículo, leí las declaraciones del subsecretario de la Sedatu, Armando Rosales García, cuyas credenciales académicas sugieren un hombre preparado en el area de arquitectura, pero que por razones que es fácil imaginar incursionó en el oficio de arlequín y, sin más datos o argumentos probatorios, dijo a un reportero de un medio nacional que “ya no estamos dando recursos a las viejas organizaciones de caracter clientelar”. Y agregó, en imitación más servil que jocosa de las calumnias y apodos que injustamente nos ha lanzado el Presidente: “Ya no hay dinero para la ‘Antorcha de la luz del mundo’ y algunas organizaciones que conocemos y al final de cuentas les llegaba a los líderes esos recursos y ya después no aterrizaba en las personas (sic) de manera directa”.

Lo hemos dicho y lo repito a manera de respuesta al calumniador en turno: los antorchistas hemos sido activos gestores de programas de vivienda y, sin dejar de insistir en la urgencia de un nuevo y equitativo modelo económico, hemos luchado porque en el presupuesto federal  de cada año se incluyan recursos para que el gobierno atienda este grave problema; miles de mexicanos construyeron aunque sea un cuarto gracias a esas luchas sociales que hemos encabezado; espero que el subsecretario sepa que las reglas de operación no contemplaban que las organizaciones, ni Antorcha ni cualquier otra, recibieran recursos directos. Nunca recibimos recursos directos y “moches” ni eso es lo que pedimos ahora. Si lo sabe y de todos modos nos acusa, se comprueba que se comporta como calumniador. Si no lo sabe, le recomiendo que estudie más y “aterrice” sus ideas; sobre todo, que se preocupe de cómo va a atender la demanda de cientos de miles de mexicanos, antorchistas y no antorchistas, que le reclamarán atención y verdaderas soluciones a sus carencias de vivienda. De una cosa estoy seguro, los antorchistas no renunciaremos a nuestro derecho a organizarnos para hacer realidad los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la vivienda digna. A esa lucha civil y pacífica por un derecho constitucional convocamos a todas las organizaciones y a todos los mexicanos.