AYUNTAMIENTOS SIN EXCUSAS PARA MEJORAR SUS CÁRCELES

POR ARIEL HERRERA

Los gobiernos municipales de Quintana Roo no tienen excusa para cumplir con las recomendaciones que realizó este miércoles la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo sobre las deplorables condiciones de los Centros de Prisión Preventiva que se encuentran en cada uno de los ayuntamientos de la entidad.

El Ombudsman en la entidad, Harley Sosa Guillen afirmó que tiene un plazo de seis meses para que los municipios demuestren con hechos avances en sus deficiencias o de lo contrario se exigirá se apliquen sanciones a las autoridades municipales por las omisiones para cumplir la ley y garantizar el respecto a los derechos humanos de los internos.

“El tema de infraestructura requiere dinero y tampoco les decimos que queremos un hotel de 5 estrellas pero sí que cuente por lo menos con un bacín  que no cuesta mucho hay hasta de 400 pesos, que exista agua potable, energía eléctrica que no requieren un recurso de millones de pesos, hace falta voluntad y son muchos temas importantes, hasta los traductores para agente que habla maya o inglés y no saben cuánto tiempo van a estar detenidos”.

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo  informó además de hacer público este primer diagnóstico de los Centros de Prisión Preventiva, también se realiza una campaña de difusión para que los internos que pasan hasta 36 horas detenidos puedan exigir alimentación, una llamada telefónica gratuita y otros derechos.

“La gente no está entrada de la intervención de la comisión de los derechos humanos y cuando salen de estos centro de prisión preventiva lo que quieren es ir a sus casa y no se van a quejar ante las autoridades, por eso la invitaciones abierta y por eso mismo hacer el llamado público a los presidentes municipales de que vamos a estar muy pendientes del trabajo que puedan hacer para que se brinde una estancia diga a las personas”.

Reveló que los gobiernos municipales tampoco han actualizado sus sistemas para registrar digitalmente a los detenidos, esto para evitar filtración de información de figuras públicas que hayan sido detenidas por no respetar el bando de policía y buen gobierno y para no reportar los ingresos de miles de pesos que se recaudan por el pago de multas.

“Es cuestión de cada presidente municipal, ya buscarán la manera de cómo conseguir el recurso porque a nosotros nos importan los resultados, ojala pongan una partida presupuestal para ello, ellos tiene un ingreso por todas las multas de todas las personas que están adentro y esperamos que apliquen algo de este ingreso a los centros de prisión preventiva”.

Aseveró que todas las cárceles municipales preventivas de Quintana Roo están reprobadas por sus deplorables condiciones, aunque la más rescatable es la conocida como El Torito en la ciudad de Cancún.   Las más peores son las de los municipios de José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto por no contar con baños y celdas para mujeres y jóvenes. También carecen de personal capacitado y niegan alimentación y llamadas a los internos que pasan hasta 36 horas de encierro por infringir el bando de Policía y buen gobierno.

Dijo que al igual se hará un pronunciamiento para que de manera inmediata las autoridades municipales realicen acciones para la atención de estas deficiencias y para que las recomendaciones no sean ignoradas, puesto que todas están reprobadas. Harley Sosa detalló que nunca se había hecho ninguna revisión a estas instalaciones municipales y por lo tanto este organismo no había hecho recomendaciones sobre las graves deficiencias y violaciones a los derechos humanos.

Reconoció que los informes no han tenido la trascendencia esperada por falta de facultades de los organismos para poder sancionar a quienes atienden contra las garantías individuales de las personas, sin embargo este miércoles se hizo un pronunciamiento sobre estos centros para que los presidentes municipales le den la importancia que se merece aunque afirmó que no son prioridad de los gobiernos la atención de estas áreas.

Entre las principales observaciones detectadas por este organismo están los siguientes puntos:

• No se proporciona al arrestado el recibo del resguardo de sus pertenencias

• No cuenta con manuales de procedimientos, ni protocolos de actuación

• Se aplican deficientemente los criterios de separación de la población arrestada

• El área para mujeres se encuentra al lado de la de varones y en ocasiones se utiliza para alojar solo a varones, no cuenta con baño

• No cuenta con área para adolescentes

• No cuenta con área de visitas para los arrestados

• Las llamadas se realizan desde el teléfono celular del arrestado, si lo tiene, hasta antes de realizar el registro de sus pertenencias.

• No existe un registro de llamadas.

• La autoridad municipal no proporciona alimentos a los arrestados, los familiares se los suministran, sólo les suministra agua a libre demanda

• Las instalaciones requieren de mantenimiento urgente en pintura, instalaciones eléctricas y sanitarias, falta de higiene

• No existe privacidad para la realización de necesidades fisiológicas

• No se realizan las valoraciones médicas a los arrestados

• No cuenta con médico adscrito para valoraciones médicas, solo en casos urgentes reciben apoyo de la SESA

• No cuenta con área médica.

• No cuenta con registro de valoraciones médicas.

• Inexistencia de procedimientos para las presuntas violaciones a derechos humanos o por la comisión de delitos cometidos en contra de los arrestados.

• Falta capacitación para la prevención de incidentes y aplicación de protocolos

• No cuenta con traductores.

• No cuenta con adecuaciones arquitectónicas para personas con discapacidad.

En el comunicado de prensa el ombudsman Harley Sosa se pronunció por trato humano y respetuoso a las personas privadas de su libertad, lo anterior en el marco de la presentación del Informe Especial de la supervisión a las once cárceles públicas municipales del estado de Quintana Roo, que alojan personas por la comisión de faltas administrativas y/o infracciones a los bandos de policía y gobierno municipal. Acompañado los consejeros de dicho organismo, Alicia Pérez Rodríguez, Jorge Cámara González y Manuel Chejin, Sosa Guillén dio a conocer los principales resultados y emitió un pronunciamiento, en virtud de las problemáticas evidenciadas en el diagnóstico.

Este diagnóstico fue elaborado mediante encuestas, entrevistas y recorridos a las instalaciones, por lo que se elaboraron indicadores tipo semáforos de alerta que demuestran si se encuentran “bien”, “requieren atención” o “requieren atención inmediata”, en rubros como Capacidad y población, Procedimiento de ingreso, egreso y registro de pertenencias, Situación jurídica y normatividad, Comunicación con el exterior, Estancia digna y segura, Atención médica, Integridad física y moral, Capacitación al personal, Grupos en situación de vulnerabilidad.

Las cárceles públicas revisadas fueron en Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Cozumel, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y las dos cárceles preventivas en Benito Juárez (El “Torito” y la ubicada en la Zona Hotelera).

Tanto el Informe Especial como el Pronunciamiento se podrán encontrar en su totalidad en la página de la comisión www.derechoshumanosqroo.org.mx