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Chetumal, Quintana Roo, Abril 25 del año 2017.- Seis ex funcionarios de instituciones educativas de nivel superior están bajo investigación de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) durante su gestión correspondiente a las cuentas públicas del año 2015, por presunto desvío de recursos públicos.
Diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura, aprobaron los dictámenes de cinco cuentas públicas de algunos organismos, en sesión que celebraron este lunes. Se les iniciarán acciones resarcitorias y económicas contra los responsables.
Información proporcionada por la Aseqroo, indica que durante los trabajos con la comisión de Hacienda presidida por el diputado Emiliano Ramos Hernández se detectaron que las autoridades educativas de la Universidad Politécnica de Bacalar (UPB) en la gestión del ex rector, Miguel Pérez Cetina, esposo de la diputada Federal, Arlet Mólgora Glover, desviaron poco más de 6 millones 629 mil pesos, y que ya fueron citados tres señalados como presuntos responsables, los cuales no acudieron a la audiencia.
En la Universidad Intercultural Maya también se detectó poco más de un millón 290 mil pesos sin solventar, por lo que fueron llamados a cuentas dos ex funcionarios que laboraban en el área administrativa.
La Aseqroo iniciará con los procesos respectivos resarcitorias por el faltante de más de 15 mil pesos en el Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, en el ejercicio fiscal 2015, a quienes también a los supuestos implicados se les envió citatorio.
En el caso del Hidroponía Maya se acordó aprobar el informe pero solicitaron mayor información debido al faltante de 180 millones de pesos así como la venta irregular de los predios a precios menores de los reales.
El informe de la Comisión para la Juventud y el Deporte (Cojudeq) fue aprobado sin observaciones. También se fijó a la Aseqroo rendir informes entre Julio y Noviembre del presente año para conocer el avance de los procesos.
La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) deberá rendir un informe al Congreso local sobre los avances obtenidos, a más tardar entre Julio y noviembre del presente año
