Espacio Ciudadano de Quintana Roo Noticias del Estado de Quintana Roo
Chetumal.-
Más de 30 periodistas entre reporteros, camarógrafos, fotógrafos y locutores, se manifestaron este martes en las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) para exigir respeto y garantías a la libertad de expresión.
Con el llamado unísono de «ni uno más», no más violencia, libertad de expresión si muertes no, los comunicadores con pancartas exigieron un alto a la violencia y a los asesinatos de comunicadores que se registran a nivel nacional, luego de los recientes y lamentables homicidios de periodistas en Sinaloa y en Jalisco.
Los manifestantes fueron atendidos por el presidente de la comisión de los derechos humanos de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén quién se comprometió al estar pendiente de cualquier agresión a representantes de los medios de comunicación.
Quien informó que han recibido 14 quejas del 2016 a la fecha, de las cuales 9 son del año pasado y 5 en los primeros cinco meses del presente año.
“Condeno cualquier acto de agresión que quiera limitar la liberta de expresión y se condena la muerte de periodísticas, en lo que va del año según las estadísticas a nivel nacional van 6 muertes de periodistas, de hecho leía que hay más periodistas muertos en México que en siria en lo que va del año, ahorita el ejercicio de libertad de expresión en todo el país, vemos que ha sido una falta contantes de la protección de vida que el estado debe garantizar a todas las personas que se dedican al gremio periodístico”.
La comisión exhortó a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno a que se tomen medidas par aponer un alto a la violencia.
Dijo que es urgente la necesidad de crear mecanismos que protejan a los periodistas y defensores de los derechos humanos, como la conformación del consejo consultivo que no ha podido realizarse.
DOCUMENTO ENTREGADO
Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
P r e s e n t e
Quienes en Quintana Roo ejercemos el periodismo y sus diversos géneros, ante el reciente asesinato del compañero Javier Valdez en Culiacán y de la compañera Sonia Córdoba, sub Directora de un semanario de Autlán de Moreno, Jalisco, y su hijo, manifestamos nuestra indignación y condena por hechos tan lamentables.
Estos aberrantes sucesos se suman al robo, golpes y amenazas que sufrieron, en días previos, siete periodistas nacionales e internacionales de diferentes medios en Guerrero, cuando cubrían uno de los eventos violentos que aquejan ese estado.
Exigimos de conformidad con lo estipulado en marzo del año en curso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se acate lo dictaminado: todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales, para que estos crímenes y sucesos sean atraídos por dichas autoridades y esclarecidos de forma satisfactoria, rápida y expedita, tanto para quienes nos sentimos vulnerables por ejercer el periodismo, que vivimos de forma honesta y responsable, como para el conjunto de la ciudadanía que también se ve inmersa en situaciones de alto riesgo para su integridad física, patrimonial e incluso de residencia.
Sabemos que la determinación de la SCJN no es vinculante y solo aplica para delitos nuevos (The New York Times, abril de 2017), ante lo cual reiteramos esta solicitud con carácter URGENTE.
Asimismo, en virtud de la situación de violencia e impunidad por la que se atraviesa en nuestro país, pedimos que la CNDH cumpla con la obligatoriedad de vigilar la salvaguarda de las garantías individuales y el respeto de nuestros derechos humanos y emita los exhortos necesarios para que nos sean otorgadas medidas de protección concretas e inmediatas para periodistas en Quintana Roo.
La administración del presidente Enrique Peña Nieto inició con 330 ataques y amenazas contra periodistas y sus diferentes modalidades para presionar y/o acotar y/o censurar la libertad de expresión.
Quintana Roo no ha sido ajena a esta situación en la que, en los últimos meses, se ha transitado desde la amenaza de demandas civil de difamación, pasando por amenazas vía telefónica, correo o correo electrónico, requisa de ejemplares de publicaciones, detención arbitraria de periodistas por parte de la policía, entre otras.
Por otra parte también quienes ejercemos la actividad periodística nos encontramos en riesgo debido a las actitudes exacerbadas de matones de carteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, o conductas extra legales de funcionarios públicos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria.
En los casi seis años del actual gobierno federal se puede obtener información de más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra periodistas, de entre los cuales solo han sido emitidas dos sentencias por la fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión.
Y que en ocasiones se ha considerado que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión, lo cual quiere decir que no ameritan la participación del gobierno federal
En el marco de la presente exposición de motivos para nuestra solicitud, se puede asegurar que el periodismo nacional está ante un ESTADO DE EMERGENCIA.
No dejemos que nuestra libertad civil y de expresión, así como el ejercicio del periodismo claudique ante las adversidades,
EXIJIMOS TODOS EL RESPETO Y PROTECCION DE NUESTRAS LIBERTADES CONSAGRADAS EN LA CARTA MAGNA Y EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS.
