Trabajadores desempleados sin acceso a la seguridad social

Por Daniel Osorio García Dirigente del Movimiento Antorchista de Quintana Roo

Una consecuencia lógica del aumento del desempleo o la pérdida de trabajos, es que lamentablemente en la misma incidencia se incrementa el número de personas que pierden la protección de la seguridad social y de los servicios médicos, situación extremadamente grave que afecta a las familias más vulnerables principalmente en estos tiempos ante la ocurrencia de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-COV2 que produce el COVID19, y por el que han fallecido miles de personas derivado de esta trágica situación que se ha recrudecido por la Tercera Ola de contagios con su mortífera variante Delta.

Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en los resultados de sus estudios del 2020, reveló que desafortunadamente Quintana Roo destaca entre los primeros lugares en la generación de nuevos pobres y con ello el aumento considerable de la gente que se encuentra en pobreza y en pobreza extrema. Independientemente de ello, las consecuencias de las condiciones que se viven en todo el país a causa de la pandemia, pero particularmente en Quintana Roo, es que miles de micro, pequeñas y medianas empresas han sido gravemente impactadas, al grado que han tenido que cerrar sus puertas y despedir a sus empleados.

Por tal motivo, miles de trabajadores activos se han sumado a las filas del desempleo por el impacto negativo que ha tenido el cierre de la actividad turística y con ello las empresas hoteleras, restauranteras y prestadoras de servicios especializados, que son las actividades preponderantes en la entidad. Estas personas recorren las calles del estado con la esperanza de poder conseguir un empleo que les garantice, primero el ingreso monetario para poder adquirir los alimentos básicos y sufragar gastos de servicios básicos con la energía eléctrica y el gas; y en segundo, aspirar a tener las condiciones para poder garantizar a sus familias el acceso a las prestaciones médicas a través del aseguramiento por parte del empleador, o mejorando sus ingresos económicos para subsanar esta necesidad por la vía privada.

En este sentido, de acuerdo al CONEVAL, en Quintana Roo aumentó 4.3 por ciento la carencia por acceso a la seguridad social, pues pasó de 44 a 48.3 por ciento, entre 2018 y 2020, lo que coloca a la entidad en el primer lugar nacional. Asimismo, el informe “Medición de la Pobreza” registra que en 2018 un total de 796 mil 366 personas tenían rezago en ese indicador, resaltando que dos años después, la cifra ascendió a 908 mil 554; lo que significa que 112 mil 188 habitantes de Quintana Roo se sumaron a este tipo de marginación.

En el terrible contexto de la pandemia cabe resaltar que el tratamiento de las enfermedades familiares resulta oneroso, por lo que para las familias de escasos recursos es indispensable garantizar el poder acceder a los servicios de salud y nada mejor para hacerlo que cuando la empresa en la que prestan sus servicios les brinde las prestaciones de seguridad social.

De esta forma lo han experimentado quienes en su núcleo familiar han enfrentado desafortunadamente el COVID-19, quienes saben de lo indispensable que resulta el servicio médico para poder tener garantizado una cama hospitalaria, oxigeno, estudios clínicos, medicamentos, etc., lo que difícilmente pueden pagar de manera particular.

Por eso la urgencia de que las empresas puedan reiniciar sus actividades económicas ordinariamente, en términos de esta nueva normalidad obligada por la pandemia, y contar con apoyos con todos los protocolos sanitarios para reencauzar su dinámica empresarial y a la vez reactivar toda la mano de obra que desde hace más de un año se encuentra desempleada.

El panorama para los trabajadores desempleados con el COVID-19 es difícil, más en una entidad que depende en gran medida del turismo y de los millones de personas que visitan sus atractivos, pero algo tienen que hacer los diferentes órdenes de gobierno para evitar más daño a las familias vulneradas y marginadas, que cada día se sumen más en la miseria y la pobreza y que ve con desencanto que no hay la capacidad, ni la voluntad de las autoridades para ayudarles.

Finalmente, es importante mencionar que la población de desempleados que ha incrementado alarmantemente en Quintana Roo están desprotegidos ante las malas decisiones de las autoridades, quienes no han sido capaces de garantizar la seguridad social y el acceso gratuito a los servicios de la salud, principalmente de las familias más desprotegidas y en condiciones pobreza y vulnerabilidad, ante tal situación, con los resultados planteados por el CONEVAL es evidente que para el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no es relevante la atención de este sector mayoritario y marginado de la población, toda vez que en lo que va de la administración morenista no se vislumbra una política pública implementada eficientemente para solventar esta importante necesidad de los trabajadores.