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[email protected]. El político mexicano Javier Duarte de Ochoa cumplirá hoy 61 días de estar preso en Matamoros, una cárcel militar de la capital guatemalteca en la que permanecen narcotraficantes, asesinos y funcionarios corruptos. Seguirá encarcelado mientras continúe el trámite judicial para extraditarle de Guatemala a México.
El Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de la capital guatemalteca, confirmó ayer a EL UNIVERSAL que la fiscalía le remitió en la tarde del martes la documentación que el gobierno de México envió el 7 de junio pasado al de Guatemala con la solicitud formal de reclamo del político para someterlo a la justicia mexicana.
El expediente fue entregado al tribunal como instancia que ventila el caso en contra del ex gobernador de Veracruz, de 43 años.
Con la entrega, en el organismo empezó a correr un plazo mínimo de 10 días hábiles y máximo de 15 para darle continuidad al mecanismo que definirá si el político es extraditado o no a su país. Duarte está desde la madrugada del 16 de abril en Matamoros.
El guatemalteco Juan Daniel Lemus Ramírez, secretario del tribunal, informó que el pasado martes en la tarde fue presentada la “formal acusación” que el gobierno de México entregó el miércoles 7 de junio en la tarde al de Guatemala. La documentación, que México debía presentar en 60 días a partir de abril, fue remitida ese mismo día por la cancillería guatemalteca al Ministerio Público, que en cuatro días hábiles la transfirió al tribunal, especializado en extradiciones.
Lemus dijo que con el expediente mexicano en su poder, el tribunal, sujeto a los plazos mínimo y máximo de días hábiles, deberá citar a audiencia a las partes —Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio y Duarte con su defensa—. La defensa recibirá los documentos que presentó México, relató.
El tribunal tramita el caso en contra de Duarte que inicialmente fue por supuestos cargos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos en su gestión como gobernador, de 2010 a 2016, basados en una orden de aprehensión emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México.
El gobierno de México informó el 7 de junio que también hay dos órdenes de la ministra del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
En la primera audiencia ante el tribunal, el 19 de abril anterior, Duarte rechazó “allanarse” para ser extraditado a México y se reservó el derecho de acogerse a ese trámite expedito, pero lo condicionó a conocer primero la solicitud mexicana.
Lemus subrayó que, según la legis- lación guatemalteca y el tratado de extradición de Guatemala y México, Duarte puede allanarse en cualquier momento, como en la próxima audiencia, y aligerar la gestión para repatriarle en unos 10 días posteriores a esa cita. En la comparecencia a la que convocará para una fecha por definir, el tribunal escuchará los alegatos de las partes a favor y en contra de la extradición y ese día dictará, salvo eventualidades, si aprueba o rechaza la solicitud de México.
En caso de que Duarte se niegue a allanarse y el tribunal determine que sea extraditado, su defensa podrá apelar y prolongar el proceso por unos 45 días, aclaró el secretario.
