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Luego que en febrero pasado la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregara al gobierno de Carlos Joaquín González dos títulos de propiedad del Canal de Zaragoza con una extensión total de 338 hectáreas, será la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado -antes IPAE- la que determine la posible comercialización o no de dicha superficie ante el interés de la actual administración de continuar con el dragado del Canal de Zaragoza.
La directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, Alicia Ricalde Magaña, confirmó que este martes se reunirá con el comandante de la XI Zona Naval, Eduviges Martínez Sandoval -quien tomó posesión del cargo el pasado 17 de julio- para retomar el proyecto, el cual se encuentra detenido ante nuevos requerimientos de la autoridad ambiental.
En su oportunidad, el ex comandante de la XI Zona Naval, Carlos Manuel Monforte Brito reconoció que en un momento pensaron que con la Manifestación de Impacto Ambiental estarían en posibilidades de iniciar los trabajos pero que, sin embargo, se encuentra detenido ante nuevos requerimientos de la Semarnat, así como el pago de una fianza.
Esta obra tendría un costo aproximado a los 280 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento seria aportación del gobierno del estado y el 50 por ciento restante por parte de la Semar
Ricalde Magaña aseguró que tras recibir los títulos de propiedad por parte de la Sedatu, “ahora sí el gobierno del estado puede hablar de hacer cualquier desarrollo porque es el que tiene la propiedad de la tierra.
Teniendo certeza jurídica en la tenencia de la tierra se puede hacer cualquier cosa y será la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado la que determine” si se comercializa o no dicha superficie.
También el gobierno del estado recibió dos carpetas básicas de expropiación por 80 hectáreas las cuales servirán como instalaciones para la policía e infraestructura aeroportuaria.
Estas carpetas darán certeza a un predio de ocho hectáreas en el municipio de Benito Juárez, que se usará para instalaciones de la Policía Federal, y otro de 60 hectáreas en Tulum, como reservas territoriales para infraestructura aeroportuaria.
Recordó Ricalde Magaña que la SEMAR pidió los estudios de impacto ambiental y los costos estuvieron a cargo del gobierno del estado y aunque hay algunos candados ambientales esperan que se pueda retomar el proyecto de dragado del canal de Zaragoza.
