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A María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el recuento de la situación legal de 11 exgobernadores, luego de la captura de Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, le revela que “son grandes las redes de corrupción que hay para el desvío de recursos públicos y que hay una parte del poder político del país vinculada con el crimen organizado y en particular con el narcotráfico”.
Los delitos por los que los 11 exmandatarios tienen que rendir cuentas ante la justicia son contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Los órganos de inteligencia tendrían que estar muy ocupados haciendo un mapeo de todos los gobernadores y ver realmente hasta dónde están penetrados por la delincuencia”, planteó.
Con ejemplos como los del exfiscal de Nayarit no queda para dónde hacerse, “está claro que hay un vínculo con la delincuencia”, señaló.
Y no se trata de una persona, se trata de redes completas; una corre por el crimen organizado y otra, que también es crimen, corre por el lado de empresas fantasma, desvío de recursos, cohecho, peculado, etcétera”, sostuvo.
