El consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi, asegura que existen elementos suficientes para fincarle responsabilidad penal al Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, así como y a sus colaboradores al tratar de beneficiar a ciertos partidos políticos en las pasadas elecciones.

Chetumal.- El consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi, asegura que existen elementos suficientes para fincarle responsabilidad penal al Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, así como a los Magistrados Nora Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, por cohecho y lo que resulte al tratar de beneficiar a ciertos partidos políticos en las pasadas elecciones.
Explicó que en el transcurso de la próxima semana una comisión investigadora del Congreso del Estado, dará entrada a la solicitud de Juicio político que presentó en contra del Presidente del TEQROO, Víctor Vivas Vivas, así como de los Magistrados, Nora Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, por haber incurrido en graves omisiones durante el desempeño de sus funciones, además de analizar los motivos y pruebas que se presentaron en contra de estos funcionarios electorales.
Agregó que a juicio personal existen elementos suficientes para iniciar el Juicio Político en contra de estos tres Magistrados, así como iniciar la demanda penal presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), además de la petición de desafuero presentada en la Sala Regional Xalapa-III Circunscripción, instancias que ya dieron entrada a estas denuncias para proceder al deslinde de responsabilidades.
Avilés Demeneghi, indicó que estos tres Magistrados electorales no han cumplido con el compromiso que hicieron con la sociedad, debido a que han estado tratando de beneficiar a diversos partidos políticos sin mencionar a cuales, aseguró que se espera que los diputados de la XV Legislatura le den entrada a la solicitud de Juicio Político, para investigar a estos magistrados que en caso de resultar responsables de los cargos que se les imputan podrían ser desaforados, inhabilitados y penas corporales, dependiendo de la gravedad de los hechos y omisiones cometidas durante el uso de sus funciones.