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Tulum.- El Fiscal de Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales, José Luis Pimienta Salvador, no pudo evadir la multa por 108 mil 570 pesos y el arresto administrativo de 36 horas en la base militar de la Guardia Nacional de Cancún por desacato a una orden judicial relacionada con la restitución de un predio despojado a su legítimo dueño.
La sanción fue interpuesta por un Juez de Control del Poder Judicial de Quintana Roo y a pesar del intento de revocación de la misma con astucias legales, la solicitud fue rechazada por considerar que si hay omisión del funcionario para cumplir con las acciones que se le solicitaron, obstaculizando la restitución del terreno a su propietario.
Los argumentos legales han sido para ganar tiempo y protección al cartel del despojo, por ello también se le instruyó a la Fiscalía Anticorrupción abrir un expediente para investigar la actuación del Fiscal de Ministerio Publico y de su jefe inmediato, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales Guillermo Domínguez Espinoza, quien también recibió una multa de 21,714 pesos por no supervisar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
A pesar de revelarse la corrupción que hay en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, nadie ha sido dado de baja a pesar de los evidentes nexos con el «Cartel del Despojo».
El intento del fiscal José Luis Pimienta Salvador de apelar su sanción fue declarado improcedente por un Juez de Control. En su defensa intentó justificar su inacción argumentando que no tenía obligación legal de supervisar personalmente la diligencia y que existían inconsistencias en la identificación del predio. Sin embargo, el juez desestimó estos planteamientos, calificándolos como excusas maliciosas. Además, subrayó que el desacato reiterado refleja una falta de comprensión jurídica y un actuar deliberadamente omiso por parte de la Fiscalía.
Mientras tanto van más de 6 meses que las víctimas de despojos de terrenos en la zona hotelera de Tulum no han podido recuperar sus propiedades a pesar de que los tribunales han ordenado la restitución del predio, proceso que la la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y el Poder Judicial han obstaculizado sistemáticamente el cumplimiento de las resoluciones.
El caso empresario italiano naturalizado mexicano Federico Paterniti, es uno de los ocho casos de despojo que se registraron el 6 de junio del presente año.
El fue sacado violentamente de su propiedad por un grupo de policías de Cancún y actuarios sin identificación, acompañados por individuos que se encargaron de cercar en horas la propiedad invadida ubicada en el kilómetro 4.5 de la carretera Tulum-Boca Paila, todo sin presentar documentos legales.
El “Cártel del Despojo,” opera mediante la falsificación de documentos, uso de prestanombres y complicidad de funcionarios públicos.
Propiedades como Posada Margherita, Posada La Mar y La Eufemia han sido despojadas de sus legítimos dueños, dejando a decenas de trabajadores sin empleo y exhibiendo la debilidad institucional ante la corrupción.
Federico Paterniti ha recurrido al amparo judicial para denunciar violaciones a sus derechos humanos y exigir la devolución de su predio.
Organizaciones civiles y abogados han pedido la intervención de instancias federales y organismos internacionales para combatir esta red de corrupción que afecta gravemente la seguridad jurídica en una de las zonas más turísticas del país.
