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El Consejo General declaró improcedente la queja presentada sobre las presuntas aportaciones de la empresa OHL. Foto: Cuartoscuro
México, 14 julio (EFE).- EI Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa a la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la entrega de tarjetas de apoyo en la campaña para renovar el Gobierno de Coahuila, pero descartó la queja sobre presuntas aportaciones de la firma OHL en el Estado de México.
Con seis votos en favor y cinco en contra, el Consejo General del INE determinó que las tarjetas “Mi Monedero Rosa”, “Mi Monedero” y “Mi Tarjeta de Inscripción”, usadas por el candidato de la Coalición Por un Coahuila Seguro, Miguel Ángel Riquelme, constituyen un gasto sin objeto partidista.
Es decir, contravienen lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece que los partidos tienen la obligación de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.
Por tanto, impuso una multa de 918 mil 720 pesos (unos 52 mil 379 dólares) a la coalición encabezada por el PRI, que resultó triunfadora en los comicios celebrados el pasado 4 de junio en Coahuila, uno de los bastiones de la agrupación política a la que pertenece el Presidente Enrique Peña Nieto.
Según el escrutinio oficial, Riquelme venció con 38.19 por ciento de los votos a Guillermo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), con 35.74 por ciento.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró este viernes que el hecho de que un partido o candidato ofrezcan un beneficio concreto, personalizado y específico, “es un gasto de propaganda que se convierte en una promesa de dádiva, y consecuentemente en un gasto indebido”.
“De cara a (las elecciones presidenciales de) 2018, más vale ir generando certezas, y no podemos permitir que este tipo de gastos sean considerados como un gasto de campaña”, afirmó.
Córdova explicó que corresponderá al Instituto Electoral de Coahuila resolver si existió compra o coacción del voto. “El uso de una dádiva a cambio del voto o el compromiso por el voto es una competencia que, tratándose de una elección local, le corresponde al organismo público local electoral de la entidad de que se trate”, expuso.
Por otro lado, con ocho votos en favor y tres en contra, el Consejo General declaró improcedente la queja presentada sobre las presuntas aportaciones de la empresa OHL y otras, así como el supuesto mal manejo de recursos públicos en beneficio del PRI y su candidato a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo.
El pleno determinó que el asunto compete a otras autoridades, ya que está relacionado con el uso indebido de recursos públicos y se denuncian actos de supuesta corrupción de servidores públicos y empresas, los cuales no son sujetos de posible sanción por parte de la autoridad electoral.
Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que con esta resolución, el Instituto da vista a varias instituciones, incluyendo a la Procuraduría General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, que se consideran competentes para corroborar lo que se está diciendo en la queja.
Del Mazo también triunfó el 4 de junio en el Estado de México, considerado el principal bastión del PRI, con 33.69 por ciento de los votos por 30.91 por ciento de la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez.
Gómez denunció diversas irregularidades en el proceso electoral del Estado de México, entidad que Peña Nieto gobernó de 2005 a 2011, incluyendo compra de votos y rebase del tope de gastos de campaña.
El Consejo General declaró un receso hasta el lunes para analizar los reportes de ingresos y gastos de los partidos y candidatos que participaron en los comicios de junio en Coahuila, Estado de México, Veracruz y Nayarit.
La revisión de los ingresos y gastos iba a ser el primer tema a discusión en la sesión de hoy, pero el Consejo consideró que no habría tiempo para ello, por lo que el delicado tema fue desplazado al final de la agenda.
En una primera reacción a las resoluciones adoptadas hoy por el INE, el PAN sostuvo que la multa impuesta al PRI y sus aliados por la distribución de las tarjetas de apoyo confirma las ilegalidades cometidas por su candidato en Coahuila.
De acuerdo con el partido conservador, un dictamen que quedó pendiente de aprobación en el Consejo General sostiene que el PRI rebasó el tope de gastos de campaña en ese estado por casi seis millones de pesos mexicanos.
“Acción Nacional confía en que el próximo lunes los consejeros electorales reanudarán el estudio del dictamen que quedó hoy sobre la mesa, que confirma que Miguel Ángel Riquelme y el PRI rebasaron el tope de gastos de campaña por más de seis millones de pesos y que amerita la anulación de la elección del pasado 4 de junio”, indicó la agrupación en un boletín.
