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Por Jorge Arguelles
Chetumal.- El Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Playa del Carmen tiene actualmente en trámite cerca de mil 300 expedientes relacionados con presuntas faltas administrativas cometidas por exfuncionarios públicos, tanto en administraciones pasadas como en la actual. De ese total, alrededor de 300 expedientes corresponden a investigaciones iniciadas durante la presente gestión, según confirmó su titular, Cristina Alcerreca Manzanero.
El cúmulo de casos bajo análisis incluye faltas clasificadas como graves y no graves. Las primeras deben ser turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa, luego de pasar por la Dirección de Sustanciación; las segundas pueden ser sancionadas directamente por el órgano de control interno.
“Tenemos identificados los expedientes, no los nombres de los presuntos responsables, porque estamos aún en la fase de integración. Es en este proceso donde se determina la naturaleza de la falta y, en su caso, se turna a la autoridad correspondiente”, explicó Alcerreca.
La funcionaria reconoció que una parte significativa de los casos heredados ya no podrán ser sancionados legalmente debido a la omisión en su seguimiento durante la administracion de Lili Campos.
“Hemos detectado aproximadamente 300 expedientes ya prescritos y otros en vías de prescripción. En total, estimamos entre 600 y 700 casos que no podrán ser sancionados debido al vencimiento de plazos”, detalló.
La Ley establece que las faltas no graves prescriben en tres años y las graves en siete, lo que plantea un escenario complejo para fincar responsabilidades si no se actúa con celeridad.
Aunado a estos procesos, Alcerreca reveló que también están en curso investigaciones derivadas de auditorías estatales y federales, así como del proceso de entrega-recepción de la administración. En total, se estima un presunto daño patrimonial cercano a los 480 millones de pesos, correspondiente a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.
Además, persiste la obligación de solventar observaciones relacionadas con la cuenta pública 2023 ante instancias federales, lo que podría derivar en nuevas acciones administrativas o incluso penales.
Al respecto, Alcerreca señaló que trabajan “a marchas forzadas” para evitar que más casos queden impunes.
