LILI, CÓMPLICE DE BERISTAIN

 

*La presidente municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, entrega contratos millonarios a Gabriel Alberto Medina Rodríguez, uno de los cómplices consentidos de su antecesora Laura Beristain

*El discurso de “cero tolerancia” de la alcaldesa es de saliva, pues entre sus contratistas están los mismos empresarios que ayudaron a saquear las arcas municipales

*Redacción/Sol Quintana Roo*

*Playa del Carmen.-* La presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, favorece con contratos millonarios a los consentidos de su antecesora Laura Beristain Navarrete, quien supuestamente está bajo investigación.

Con la entrega de un contrato por 4 millones 400 mil 695 pesos a la persona física Gabriel Alberto Medina Rodríguez para la supuesta “Construcción de Guarniciones y Banquetas en Zonas de Atención Prioritaria”, se viene abajo el discurso de “cero impunidad” de la presidenta panista.

Este personaje, que cuenta con tres Sociedades Anónimas que en realidad son fachadas, recibió durante la negra administración de Laura Beristain por lo menos cuatro contratos por 14 millones 272 mil 847 pesos.

El primero de ellos fue el MSOL-DGIDUMAyCC-R33-011-2019, firmado en abril de 2019 por 1 millón 637 mil 407 pesos, a los que siguieron los acuerdos MSOL-DGIDUMAyCC-R33-015-2019, y el MSOL-DGIDUMAyCC-R33-048-2019, el primero signado en julio de 2019 por 3 millones 103 mil 291 pesos y el segundo por 1 millón 61 mil 679 pesos, acordado en octubre de 2019. A ellos se sumaría el acuerdo MSOL-SOTMyS-R33-034-2020, con fecha de octubre de 2020, por 8 millones 470 mil 470 pesos.

De acuerdo a documentos obtenidos, se leen conceptos algunos similares y otros tan distintos, como la pavimentación de calles y banquetas; mejoramiento y rehabilitación de escuelas; construcción de aulas; construcción de guarniciones y banquetas; adecuación de bodegas y oficinas; servicio de luminarias; mantenimiento de instalación trifásica; venta de herramientas, y la citada venta de insumos médicos.

De todos sus contratos registrados, más de la mitad se dieron por adjudicación directa.

El objeto social de la empresa es el de “Construcción, agregados y jardinería”, y sitúa como domicilio de la misma: calle Venecia 422, colonia Italia, ciudad de Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo.

Pero como mencionamos líneas arriba, bajo su propio nombre, no es la única forma en que Gabriel Alberto Medina Rodríguez ha obtenido contratos de entidades públicas, pues cuenta con otras tres empresas.

La primera de ellas: Corporativo Playa Imagen S. de R.L. de C.V., fue constituida en julio de 2009 en la ciudad de Playa del Carmen, en asociación con Jorge Francisco Ayala Arce y Jorge Armando Abreu Esteban; con el objeto social de “Crear un espacio en la sociedad civil con la finalidad de fomentar los valores de una sociedad en formación publicitando las actividades que realizan a fin de que estas trasciendan al ámbito social de su comunidad”.

Dos empresas más, constituidas apenas en junio de 2020 en la ciudad de Chetumal, son: Innovación, Diseño y Vanguardia en Construcción del Caribe, S.A. de C.V. y Grupo MAS Renoval Construcciones S.A. de C.V.

La primera coloca como objeto social principal, la “Construcción de infraestructura urbana, hidráulica, agropecuaria e industrial, edificios, hoteles, condominios, casa habitación, perforación de pozos para todos usos, construcción de infraestructura para sistemas de riego, drenaje agrícola, desmonte, caminos y carreteras”.

Mientras que Grupo MAS Renoval, nombra como su objeto social principal, la “Compra y venta, importación, exportación, comercialización y transportación de todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, artículos materiales, materias primas, para construcción, proyectos, diseño, supervisión, construcción y compraventa para todo tipo de obras civiles, estructuras de concreto y metálicas, edificación, infraestructura de zonas urbanas y suburbanas, movimientos de tierra, pavimentos, obras marítimas y pluviales”.

Ambas empresas fueron constituidas en sociedad con Julio César Medina Rodríguez e Iván Valencia Uriostegui; siendo Gabriel Alberto el socio mayoritario de las dos, gracias a los millones de pesos que le entregó la administración de Laura Beristain Navarrete.

*Y SIGUEN LLOVIENDO LOS CONTRATOS*

Aún a sabiendas de ello, la actual alcaldesa de Solidaridad, Lili Campos Miranda, no tuvo empacho en seguir beneficiando a uno de los favoritos de su antecesora, al entregarle el contrato de obra pública No. HAS-SOTMyS-FISM-007-2021, a Gabriel Alberto Medina Rodríguez.

Bajo el concepto de “Construcción de Guarniciones y Banquetas en Zonas de Atención Prioritaria del Municipio de Solidaridad Fase 2”, el contratista obtuvo un acuerdo por 4 millones 400 mil 695 pesos con 80 centavos.

De acuerdo al documento con fecha 25 de noviembre de 2021, el contrato se derivó de la Licitación Pública Nacional No. DIyOP-FISM-007-2021, por lo que la presidenta municipal Roxana Lili Campos Miranda no puso reparos al firmar en favor de Gabriel Alberto Medina Rodríguez.

El documento fue firmado también por el tesorero municipal, José Rubén Tamay Itza, la secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, Teresita del Niño Jesús Flota Alcocer, y el director de Infraestructura y Obras Públicas, Fabián Antonio Herrera Quiam. Quienes no dudaron en ser cómplices de la entrega de recursos provenientes del Ramo 33 del Fondo Para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Como plazo de ejecución de la obra, se determinaron 28 días naturales que habrían arrancado el 26 de noviembre de 2021 y concluido el 23 de diciembre del mismo año.

Para el arranque de los trabajos, el municipio entregó un anticipo del 30 por ciento de lo pactado, es decir, pagó por adelantado 1 millón 320 mil 208 pesos con 74 centavos, pese a que en el inciso 10 correspondiente a la declaración del contratista; éste manifiesta “reunir las condiciones financieras técnicas, humanas, económicas y administrativas para cumplir con el objeto materia de este instrumento”.

Por todo ello, se tira por la borda todo lo dicho con anterioridad por Lili Campos Miranda, quien al arranque de su gobierno se investía bajo el manto de que la honestidad siempre estaría presente en su administración y achacaba un quebranto patrimonial a Solidaridad superior a los 575 millones de pesos, heredados por Laura Beristain Navarrete.

Tan es así que “más rápido cae un hablador que un cojo” que, a medio año de gobierno blanquiazul en Solidaridad, Lili Campos no solo recicla a los contratistas con los que sostuvo negocios a conveniencia propia su antecesora, sino que además supo utilizar los “tiempos de contingencia sanitaria”, para su beneficio.

El mayor ejemplo es cuando a pocos días de rendir juramento como presidenta municipal, firmó el contrato número DPM/AD/SER/060/2021 en favor de Electrotaller Industrial y Comercial El Rural S.A. de C.V., propiedad de Michael Alejandro Barrera Martínez y lo hizo por adjudicación directa.

El monto acordado fue la “bicoca” de 353 millones 289 mil 600 pesos por el “Servicio Integral de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos” durante el tiempo que dure su gobierno, es decir, la vigencia se dio desde el 1 de octubre de 2021 al 29 de septiembre de 2024.

Más lo que llamó la atención de la prensa y encendió las alarmas de los solidarenses preocupados porque el presupuesto de la comuna no vuelva a ser saqueado, es que, hasta la fecha del contrato, la empresa no tenía experiencia alguna en la recoleta de basura. Es más, ni siquiera estaba estipulado dentro de su objeto social.

Tanto así que antes de la millonaria entrega de recursos autorizada por Lili Campos Miranda, la firma solo tenía el historial de haber arrancado operaciones en el municipio de Centro, Tabasco, como un taller de reparaciones mecánicas al servicio del Ayuntamiento de Centro, donde se encargaba de la reparación de las averías en los camiones recolectores de residuos aquella comuna.

Nada de eso le impidió a Lili Campos informar que la empresa se obligaba a otorgar el servicio integral de recolección de residuos sólidos urbanos con 30 unidades recolectoras y compactadoras, que se sumarían a los 35 camiones recolectores con que cuenta la comuna.

Más no dijo que la renta de cada unidad le costaría a Solidaridad 11 millones 776 mil 320 pesos durante los 36 meses pactados, a razón de una renta mensual de 327 mil 120 pesos por camión.

Todo lo anterior, no deja ninguna duda de que la supuesta bandera de “Honestidad”, con la que se conduciría Lili Campos Miranda, solo le sirvió como discurso inicial de su administración. Ella misma se está encargando de mostrar sus verdaderos colores.

Colores que, por desgracia, van en total detrimento del presupuesto de Solidaridad.