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*Acusan a Elvia Minerva Ruiz Cool y Yuriko Pamplona Ramírez de ser los defraudadores directos
La Secreataría de Educación de Quintan Roo está a la espera de recibir las denuncias de los más de 300 defraudados con la supuesta compra-venta de plazas de prefecturas, intendencia, docencia y administrativas.
Esto luego de que un grupo de personas afectadas de varias comunidades del municipio de José Maria Mórelos, se manifestaron en las oficias centrales de la SEQ en Chetumal para denunciar la red de estafadores que encabeza Elvia Minerva Ruiz Xool (Personal de la Subsecretaría de Educación Básica) y Yuriko Pamplona Ramírez (Personal administrativo de la Secundaria Vicente Guerrero en Solidaridad). Tambien mencionaron a José Artemio Viera Martín aunqur este no es trabajadore de la SEQ.
Los manifestantes fueron atendidos por las autoridades educativas y se les invitó a interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado por la vía penal y ante el área jurídica de la Secretaría de Educación para en caso de presentar las pruebas se pueda proceder con las sanciones de ley, las cuales contemplan la destitución y hasta la inhabilitación en caso de llegar a la Secretaría de la Contaloria del Estado.
Aunque se habla de 60 personas afectadas, se estima que sean más de 300 las defraudadas en los últimos años pues hay casos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María y Morelos, Tulum, Solidaridad y Benito Juarez, por lo que la.cofra económica podría ser mayor.
De acuerdo a la gente que fue engañada, se les pedía 50 mil pesos por plaza, por lo que muchos cuentan con videos, pagarés y comprobantes de depositos y transferencias realizadas a los hijos de Elvia Ruiz.
También afirman cuentan con documentos donde habrían falsificado firmas electronicas.
Cabe aclarar que este fraude inició desde hace más de 3 años, es decir en la pasada administración de Carlos Joaquín.
Solo falta que los afectados denuncien y presenten tales pruebas, aunque hay que precisar que esto podría implicar un procedimiento legal para quienes accedierona pagar por una plaza laboral.
