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CANCÚN, Q. Roo.- En la Cuenta Pública 2014, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt) de Benito Juárez presentó una irregularidad de 23 millones 326 mil 958 pesos derivada de la renta de vehículos, mantenimiento de las unidades motorizadas y compra de refacciones, entre otros gastos, de acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior del Estado hechas al gobierno municipal anterior, en las que se señala como responsables directos a Gerardo González Núñez, director administrativo de la Smspyt, así como de Arturo Olivares Mendiola, ex secretario de la corporación.
El 3 de agosto de 2015, el gobierno anterior recibió el Pliego de Observaciones en Materia Financiera luego de revisar la Cuenta Pública 2014, con un resumen del órgano fiscal por 185 millones 978 mil 368.95 pesos.
En el desglose se manejan los conceptos: Ingresos, contribuciones o recaudaciones no depositados por 48 millones 93 mil 593.43 pesos; Registros de Ingresos sin documentación comprobatoria por 12 millones 774 mil 932.71; Adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios contratados relacionados con bienes muebles e inmuebles en los que no se cumplió la normatividad prevista en la ley para efectuarlas por 12 millones 180 mil pesos, además de erogaciones para la adquisición de bienes o servicios cuyos precios resultan superiores a los del mercado, con un importe de 50 mil 112 pesos; y la ausencia parcial o total de documentación comprobatoria por 112 millones 879 mil 730.81 pesos.
Las observaciones a Seguridad Pública son por un pago de 12 millones 800 mil pesos efectuado a la Consultoría y Servicios Institucionales Regiomontanos S.A. de C.V., por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de videovigilancia de Smspyt.
De acuerdo al órgano fiscal, el monto del servicio contratado rebasó el máximo autorizado para la modalidad de adjudicación directa, conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Quintana Roo y a los Lineamientos y Políticas para el Control del Gasto de la Administración Pública Municipal de Benito Juárez 2013-2016.
La dependencia municipal pagó a Grupo Empresarial Urfisa S.A. de C.V. nueve millones 225 mil 571.85 pesos, por concepto de arrendamientos de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública.
En sus observaciones, el órgano fiscal señala que no se encontró evidencia documental que justifique el arrendamiento de vehículos, ya que en mayo de 2014 salió una publicación donde se indica el equipamiento con mayor parque vehicular a esa dependencia, y les recuerda un contrato firmado con la empresa Talleres Concord para mantenimiento y reparación de las unidades.
E igualmente les menciona que empresas automotrices como Ford, Chevrolet y Honda, entre otras, venden y renta vehículos, por tal motivo no hay justificación sobre la adjudicación directa a ese proveedor, aunado a que por el monto de arrendamiento debió realizarse mediante licitación pública.
Estas acciones fueron calificadas como desfavorables para las finanzas del Ayuntamiento de Benito Juárez, toda vez que el costo de arrendamiento fue superior a una adquisición de los vehículos, porque se eleva a 300%.
En una visita de campo, se observó que no hubo actualización alguna de la flotilla de vehículos proporcionados por la arrendadora para el servicio a Seguridad Pública, porque son las mismas del ejercicio 2014.
E igual se encontraron vehículos, camionetas y motocicletas siniestradas, en reparación y a disposición de trámites ministeriales, por lo que no están prestando el servicio, lo que infringió la séptima cláusula del contrato convenido entre la dependencia y el arrendatario, en la que se obligaba a tener en funcionamiento los vehículos en un término no mayor de 24 horas por cuestiones de descompostura, daño o siniestro.
No se pudo localizar el domicilio registrado en la factura de la empresa arrendataria, y vecinos de la zona tampoco reconocieron haberla visto.
En resumen, y con el análisis realizado, el órgano fiscal concluye que la empresa Grupo Empresarial Urfisa S.A de C.V. adquirió la flotilla de vehículos financiándose con la mayor parte del dinero proveniente de recursos municipales por concepto de arrendamiento, toda vez que con excepción de las motocicletas, se presume que el resto de la flotilla (camionetas y vehículos) las adquirieron a crédito, porque sólo anexaron carta factura en lugar de la factura original.
También se señala que esa empresa fue constituida en 2012 y no presentó evidencia de trabajos similares o experiencia en el ramo.
En este caso, los responsables directos son Rafael Manuel Ponce Pacheco, ex tesorero y hoy titular de la Unidad de Vinculación de Organismos Descentralizados; Gabriela Margarita Rodríguez Gálvez, ex oficial mayor, y Fabiola Castillo Martínez, ex directora de Recursos Materiales y Servicios Generales.
En diciembre hay tres montos identificados por 300 mil pesos cada uno en los que se solicita la comprobación de gastos a González Núñez, por concepto de compra de refacciones, accesorios y pago de servicios de mantenimiento de la flota vehicular de la Smspyt, gastos efectuados en abril, mayo y junio de 2014, lo que indica un desfase de tiempo en la comprobación.
No hay documentación que justifique el gasto, y tampoco algo que avale la veracidad de los trabajos de reparación, mantenimiento y compra de refacciones automotrices.
En estos casos tampoco encontraron el soporte documental de los trabajos de reparación, mantenimiento y compra de refacciones automotrices, porque sólo anexaron las facturas de los proveedores, sin presentar los dictámenes del Taller Municipal, aunado a que la compra no se hizo a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
La solicitud de gastos por comprobar no especifica los conceptos, motivos y cantidad requerida de los servicios de mantenimiento y refacciones automotrices que se pretendían adquirir; tampoco presentaron presupuestos o cotizaciones de los conceptos de compras.
Aunado a que la comprobación de los recursos se realiza ocho meses posteriores a la compra realizada en abril de 2014; menos se justificó el total del motivo de adquisiciones con otros proveedores, toda vez que la Smspyt tiene un contrato con la empresa Talleres Concord S.A de C.V. para la reparación y mantenimiento de sus unidades automotrices.
María del Carmen Tuz Gómez, del taller Servicio Automotriz Titanium, recibió dos cheques por 59 mil 897 pesos para el mantenimiento del vehículo Chevrolet tipo Silverado 201, con el número económico 5644, y otro por 41 mil 491 pesos de la unidad 5595.
En ambos casos no presentaron una justificación del servicio ni el diagnóstico de las fallas de los vehículos.
En el caso de Talleres Concord S.A de C.V., recibieron dos pagos por 91 mil 499 pesos por la reparación de equipo de transporte, al vehículo GM Yukon blindado número de serie 1GKS27EEF8BR166813, para reparación de motor, aire acondicionado y neumático.
Y otro por 53 mil 933 pesos por el mismo concepto para la patrulla 5697 Dodge Ram 2500, la solicitud es para una rectificación de puntería y monoblock.
Sin embargo, no encontraron documentación que compruebe y justifique el gasto ejercido, como es el diagnóstico del mecánico detallando las fallas de ambos.
