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*Protegen al «Cartel del Despojo» que ya se adueñaron de 8 predios en zona hotelera de Tulum
Tulum.- Por incumplir órdenes judiciales, dos altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo fueron sancionados con multas económicas. En lugar de garantizar la seguridad de una victima de un despojo de un predio en la zona hotelera de Tulum, han obstaculizado la restitución del terreno a su legítimo propietario.
La sanción más alta fue para el Fiscal de Ministerio Público José Luis Pimienta Salvador, quien recibió una multa de 108 mil 570 pesos y un arresto administrativo de 36 horas en la base militar de la Guardia Nacional de la ciudad de Cancún, sin embargo no se cumplido.
Asimismo, Guillermo Domínguez Espinoza, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales, recibió una multa de 21,714 pesos por no supervisar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Por ello un Juez de Control del Poder Judicial de Quintana Roo, instruyó a la Fiscalía Anticorrupción abrir un expediente para investigar la actuación de ambos funcionarios, quienes de manera sospechosa no han querido proceder conforme marca la ley.
Lo más grave del caso es que a pesar de las multas, sigue el desacato de funcionarios de la Fiscalía de Tulum, lo que pone en evidencia la protección que goza el llamado «Cartel del Despojo», quien continúa robando propiedades valuadas en millones de dolares.
El empresario Federico Paterniti, quien desde junio de este año fue sacado de su propiedad de manera ilegal, no ha podido recuperar su patrimonio debido a la corrupción que gobierna en la Fiscalía General del Estado, pues en la última cita para lograr la restitución de su predio, ninguna autoridad se presentó y curiosamente los representantes legales del Cartel del Despojo hacían guardia en terreno en disputa.
La víctima es un empresario italiano naturalizado mexicano y su único error fue gastar todos los ahorros de su vida para adquirir un terreno en la playa donde construyó su casa desde hace 24 años.
Fue el 6 de junio pasado cuando fue expulsado violentamente de su propiedad por un grupo de policías de Cancún, actuarios sin identificación y personas no autorizadas que terminaron invadiendo el predio sin presentar documentos legales.
A pesar de las resoluciones judiciales que declararon ilegal este despojo, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Quintana Roo han bloqueado sistemáticamente la restitución del inmueble.
El pasado jueves 12 de diciembre, la justificación de las autoridades judiciales y de seguridad pública para no acudir a la diligencia fue un supuesto amparo, sin mostrar documento al respecto. Un día después se confirmó que no había ningún amparo firme al respecto, por lo que solo quedó en evidencia la colusión de las instituciones.
Propiedades como Posada Margherita, Posada La Mar y La Eufemia, entre otras en la zona hotelera de Tulum, se encuentran en la misma situación después de haber sido invadidas y despojadas de sus dueños legítimos mediante falsificación de documentos, prestanombres y la complicidad de funcionarios.
Todas las irregularidades estan plasmadas en la denuncia con el expediente FGE/QROO/BJ/04/8423/2024.
Pese a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, todas las autoridades han mostrado inacción favoreciendo a un grupo de delincuentes de cuello blanco.
La victima Federico Paterniti, ha interpuesto un juicio de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo para denunciar una serie de actos que, según argumenta, violan sus derechos humanos y jurídicos.
También reclama el aseguramiento ilegal y posterior desalojo con uso de la fuerza pública de un terreno ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera Tulum-Boca Paila. Estos actos fueron ejecutados por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras autoridades.
Organizaciones civiles han denunciado que este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón recurrente en la zona, donde se permite el despojo de tierras bajo la sombra de la especulación inmobiliaria. Los afectados, respaldados por abogados y activistas, exigen la intervención de instancias federales y organismos internacionales para garantizar justicia y frenar la corrupción que afecta a una de las regiones más turísticas del país.
