Por Yari Ajanel Alejo, dirigente de la FNERRR en Quintana Roo
En el 2020, el Gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador, abandonó a su suerte a niños de los niveles de preescolar hasta secundaria, pues se establecieron clases en línea pero no herramientas necesarias para que toda la población estudiantil se conectara a las clases virtuales.
Según datos oficiales, son cerca de 10 millones de estudiantes rezagados en este nivel básico, 2 millones 536 mil niños y adolescentes que ya no pudieron seguir estudiando porque no tienen dispositivos como laptop, tablet o computadoras, así como internet, para conectarse a las plataformas de enseñanza en la modalidad educativa a distancia impuesta por la Secretaría de Educación.
Sin duda, la situación muestra un panorama poco alentador, pues ahora el gobierno federal ha desaparecido fideicomisos que ayudaban al ámbito educativo, aunado a que en el PEF 2021 se contempla la eliminación de 13 programas educativos, eso dará un severo golpe a la juventud y si a esto le sumamos la mala calidad de enseñanza.
Datos demuestran que en el 2020, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE), México se posicionó en el penúltimo lugar en competencias de ciencias y matemáticas; los datos son duros pues nuestro país encabeza el deshonroso peor lugar en educación, pues sólo el 25.9 por ciento de los jóvenes siguen estudiando después de la secundaria. Un dato más, es que, de acuerdo con pruebas de Evaluación Internacional a Estudiantes, en el país andamos muy bajos en lectura, matemáticas y ciencia.
En este 2021, el panorama se mantiene igual o peor, pues a pesar de que el gobierno morenista de López Obrador se comprometió a erradicar el trabajo infantil, tanto de niñas, niños y adolescentes, lo cierto es que este problema cada día se agudiza, pues en el país se estima que en este año incremente de 3.3 a 5 millones los niños y adolescentes que trabajan, según datos proviene de un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que por cierto es presidida por la mexicana Alicia Bárcena Ibarra.
Lo anterior es un estirón de orejas al gobierno de la “Cuarta Transformación”, que desde su inicio no desarrolló eficientemente las condiciones para que la juventud tenga a su alcance educación gratuita y de calidad.
A esos estudiantes el Gobierno Federal los dejó a un lado a pesar de que la pandemia del Covid-19 se agudizó terriblemente, así como la crisis económica y muestra de ello es el aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos que perciben un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos a causa de la pandemia de covid-19. A grandes rasgos se estima que las personas con ingresos inferiores pueden alcanzar hasta 31.7 millones, lo que representa un 25. 3 por ciento de la población de todo el país, eso de acuerdo al informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Así pues, los padres no pueden evitar la frustración, aunque quisieran que sus hijos no puedan continuar sus estudios, al faltar el dinero en casa se ven obligados a mandarlos a trabajar para que contribuyan con la manutención del hogar. Pero eso no es culpa de los padres, si vemos el salario mínimo actual de una familia, integrada por 4 personas, a cada miembro le corresponde 35.42 pesos diarios; eso no alcanza para zapatos, transporte, alimentos, menos para costear colegiaturas, útiles, libros y computadoras.
Con esta deprimente realidad, ¿cómo se espera que el joven tenga una actitud positiva, entusiasta de su vida y de su futuro? Si a lo antes dicho le agregamos que para practicar deporte o realizar alguna actividad cultural también hacen falta recursos económicos, lo cierto es que en el hogar no alcanza para comer y tampoco para que los jóvenes desarrollen actividades dentro de un colectivo que lo impulse a superarse a sí mismo a la par que a sus semejantes. Mientras el Gobierno de López Obrador no brinde apoyos a este sector de la población, el trabajo infantil en México se incrementará.
Si los jóvenes no quieren repetir en un futuro próximo la dura realidad de la que hoy son víctimas, lo único que les queda por hacer es ser conscientes de ella y organizarse, luchar por mejores condiciones educativas.
Si en realidad quieren cambiar y enderezar el rumbo del país, es necesario que exijan al Gobierno y a las instituciones educativas lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: el derecho a la educación gratuita y de calidad; para lograrlo es indispensable que todos aporten su granito de arena.