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La Mesa Directiva del ejido Juan Sarabia ha emprendido acciones sancionatorias en contra de varios ejidatarios que exigieron rendición de cuentas sobre las ganancias derivadas de la venta de material pétreo utilizado en las obras del Tren Maya. La medida, avalada en una asamblea general cuyo proceso ha sido ampliamente cuestionado, ha sido calificada por los inconformes como una represalia directa contra quienes demandan transparencia.
Según lo informado por el periódico Quequi, la asamblea se llevó a cabo el pasado domingo sin convocatoria formal y bajo condiciones que, de acuerdo con testimonios recabados, evidencian manipulación por parte de la directiva ejidal encabezada por Lauro Cantú. Los ejidatarios disidentes afirman que no solo fueron excluidos de la deliberación, sino que se utilizaron incentivos como rifas para asegurar la presencia de simpatizantes, mientras que algunos asistentes habrían actuado como paleros para legitimar las decisiones de la directiva.
Durante dicha reunión se aprobaron sanciones fundamentadas en el Artículo 22 del Reglamento Interno del ejido y el Artículo 10 de la Ley Agraria. Las medidas fueron dirigidas específicamente contra aquellos que solicitaron información financiera sobre la venta de materiales, lo que para los afectados representa una criminalización de su legítimo derecho a la información.
El conflicto tiene como trasfondo el reiterado incumplimiento del Artículo 33 de la Ley Agraria, que obliga al Comisariado Ejidal a presentar informes trimestrales sobre el manejo de recursos y el aprovechamiento de las tierras comunales. Sin embargo, diversas administraciones del ejido habrían eludido esta obligación sistemáticamente.
“La directiva no quiere revelar detalles porque obedece a intereses particulares. Han convertido el ejido en un negocio privado”, denunció uno de los comuneros sancionados, quien solicitó el anonimato por temor a más represalias.
El caso de Juan Sarabia evidencia una preocupante tendencia en ciertas estructuras ejidales, donde la falta de transparencia, el clientelismo y la ausencia de contrapesos internos perpetúan prácticas opacas y excluyentes. En un contexto donde la inversión pública, como el Tren Maya, impacta directamente en los recursos comunales, la rendición de cuentas no solo es un derecho: es una exigencia ética.
