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Chetumal.- A pesar de que el Fiscal General de Quintana Roo, Raciel López Salazar, aseguró que no se permitirá que siga operando el llamado «Cartel del Despojo en Quintana Roo, hasta el momento varios empresarios de Tulum no han podido recuperar sus propiedades que les fueron despojadas en junio del 2024 de manera violenta y con participación de funcionarios y policías.
A pesar de que muchos han demostrado ser legítimos dueños, la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales es quien se ha entorpecido la ejecución de la justicia para lograr la restitución de los terrenos, lo que evidencia la corrupción al interior de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
El discurso del Fiscal Raciel López, que se trabaja para garantizar la protección del patrimonio de las familias afectadas, es falso, pues los despojos de terrenos de alta plusvalía continúan dándose en la entidad sin castigo para los responsables.
«Contamos con una Fiscalía de Delitos Patrimoniales, una fiscalía especializada, hemos trabajado de la mano con el sector empresarial, tenemos 49 judicializaciones, tenemos 16 vinculaciones a proceso y no vamos a permitir que le quiten el patrimonio a una familia, estamos trabajando en ello pero es importante la denuncia, que se incrementen las denuncias de este tipo de delitos, le damos puntual seguimiento, tiene instrucciones el fiscal especializado así como el fiscal de distrito de atender y darle pronta respuesta a esta gente que esta con esa incertidumbre e inseguridad de su patrimonio».
El caso de Federico Paterniti un empresario de Tulum que sufrió del despojo de su hogar, es un claro ejemplo de que pesa más el dinero que la justicia.
Su predio en la zona hotelera de Tulum fue invadido violentamente en junio de 2024, en donde participaron policías y posibles funcionarios.
Pese a múltiples órdenes judiciales para restituir la propiedad, la Fiscalía ha incumplido repetidamente.
Incluso un Juez de Control sancionó con una multa de 108 mil 570 pesos y 36 horas de arresto administrativo al fiscal José Luis Pimienta Salvador, encargado del caso. A pesar del Intento de Pimienta Salvador para evitar la sanción, el juez calificó sus argumentos como excusas maliciosas y concluyó que sus acciones evidencian desconocimiento jurídico y una omisión deliberada.
Las declaraciones del Fiscal, contrastan con los hechos recientes en Tulum, Benito Juárez y Solidaridad, pues mientras las autoridades aseguran que no permitirán el robo de propiedades, hoy a más de 6 meses de la operación delincuencial del «Cartel del Despojo», las personas afectadas no han podido recuperar sus propiedades, exhiben las fallas graves y corrupción dentro de la FGE.
Los afectados y la mayoría de ciudadanos ya no creen en falsos discursos y exigen una verdadera impartición de justicia, así como acciones contundentes en el combate a la corrupción y sanciones ejemplares.
