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Ex trabajadores del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron este martes en el Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exigir el pago total de sus liquidaciones, tras nueve años de haber puesto la demanda laboral, sin embargo ante la falta de un arreglo conveniente amenazaron con realizar un plantón en los bajos del palacio municipal por tiempo indefinido con lo cual se podrían cancelar las celebraciones de las fiestas patrias del 15 y 16 próximo y el informe del gobierno municipal de Paoly Perera.
En total son 72 personas que fueron despedidos injustificadamente por el ex presidente municipal Valfred Cetz Cen para imponer a sus allegados.
El laudo ganado especifica que se les tiene que pagar 18 millones de pesos, sin embargo la Secretaría de Trabajo que encabeza Catalina Portilla se ha dedicado a defender al gobierno municipal que encabeza Paoly Perera en vez de velar por los intereses de los ciudadanos afectados.
María Luisa Dzidz Yam representante de los ex trabajadores evidencio el manto protector que se mantiene a favor de las autoridades municipales, dando el espaldarazo a los afectados aun y cuando existe un laudo a su favor.
También hay que señalar que la comuna pretende abonarles cuatro millones de pesos como un primer pago, depósitos que se realizaran hasta el 16 de octubre y posteriormente pagar el resto en parcialidades, situación que no aceptan los demandantes.
“En la reunión pasada la licenciada catalina portillo lo único que hizo es cuartar el derecho de las personas a la libre expresión, esta señora nunca permitió que la gente opinara. Estaban proponiendo dar 3 millones en un alarga platica que tuvimos el ayuntamiento y accedió a los 4 millones de pesos, la licenciada catalina portillo avala la propuesta del municipio de 300 mil pesos mensuales pero hemos manifestado la inconformidad de los compañeros hemos luchado 8 años para esperar 4 años para un laudo”.
Aunque en esta ocasión no fueron atendidos por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social Catalina Portillo por estar presente en la ciudad de Cancún en el Informe del Gobernador Carlos Joaquín, el trato déspota fue realizado por el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Tras manifestarse para exigir el pago total de sus liquidaciones, tras nueve años de lucha laboral, reiteraron que de no haber acuerdo de pago estarían impidiendo la celebración del grito de independencia previsto por la alcaldesa Paoly Perera en el municipio maya.
También comentario que hay una persecución política toda vez que simpatizan con partidos opositores al PRI.
Finamente tras la negativa de las autoridades acudieron a las afueras del Congreso del Estado donde les impidieron el paso al no encontrarse ningún representante popular ya que se encontraban en la ciudad de Cancún donde se relación el informe de Gobierno.
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