La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo acumula más de 460 quejas en lo que va del año, siendo las corporaciones policiacas (FGE, SSP, PMP) y la SEQ quienes encabezan la lista negra al ser los más denunciados por ciudadanos afectados a pesar de los millones de pesos que se destinan cada año en las capacitaciones para que los servidores públicos respeten las garantías individuales de las personas.
El ombudsman en la entidad, Marco Antonio Tóh Euán, puntualizó que la mayoría de los actos abusivos se concentran en los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad. Siendo la detención arbitraria y trato cruel o degradante los actos más recurrentes por los elementos policiales.
“Tenemos un total de 469 quejas en lo que va del año que han sido de manera directa por el agraviado, indirecta es decir de algún familiar o quejas por oficio que son las que iniciamos cuando nos enteremos a través del monitoreo a medios que realizamos siempre y cuando se logren acreditar, en Othón P. Blanco tenemos 145 quejas, en Benito Juárez 153, en Solidaridad 71 y el resto en los demás municipios, siendo lo más recurrente la detección arbitraria 70 casos, trato cruel y o degradante 38 y violación a los derechos de los menores que se proteja su integridad de 22”.
La Fiscalía General del Estado e quien acumula la mayor cantidad de quejas, seguido de la Secretaría de Educación y Secretaría de Seguridad Publica y policías municipales. En el caso del sector educativo los recursos se concentran por acoso escolar y maltrato infantil.
También El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Marco Antonio Tóh Euán, informó que a raíz de las quejas se han emitido tres recomendaciones hacia los Ayuntamientos de Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad por detenciones arbitrarias y una a la Fiscalía General del Estado por detención ilegal.
Debido a las limitaciones para poder sancionar a los funcionarios que no respeten los derechos humanos, el número de quejas por abusos sigue aumentado, inclusive a pesar de los recursos millonarios que se destinan para la capacitación de los servidores públicos en materia de perspectiva de género y enfoque de derecho humanos.
“Desgraciadamente muchas de las capacitaciones que hemos tenido son productos de recomendaciones y por eso estamos trabajando en un plan de acción para poder tener la capacitación permanente y no solo esporádica, que sea a través de certificación con perspectiva de género y enfoque derecho humanos, lo te puedo decir es que la gente conoce más sobre las acciones de la comisión y más cultura de denuncia”.
Reconoció que las capacitaciones han sido insuficientes ya que a pesar de las reformas a la Ley echa desde el 2011 donde se obliga a tener enfoques de derechos humanos, simplemente no ha legado a muchas entidades incluyendo Quintana Roo.
Dijo que en la entidad se estima que más del 50% de los funcionarios no están capacitados en la materia y muchos de los que lo están no aplican los protocolos por causas desconocidas.