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EL Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo Moises Almeida Vázquez será demandado penalmente por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias al autorizar la liberación de las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto que estaban embargadas por un juicio laboral para pagar a los ex trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada hace ya una década.
El apoderado legal de los 74 afectados, José Luis Oseguera Ramírez, explicó que llevan dos años queriendo cobrar cerca de 17 millones de pesos como lo marca el laudo condenatorio, en primera instancia debido a los amparos presentados por las autoridades municipales de la zona maya desde el 2015 y actualmente por el mal desempeño de sus funcionares de los servidores públicos.
Afirmó que se había solicitado se iniciará la elaboración de los cheques para el pago de cada uno de los demandantes, sin embargo de manera sospechosa este proceso no inició y posteriormente se liberaron las cuentas.
“Grandes es mi sorpresa que veo ahora en el expedientes que las cuentas ya están destrabadas, ya no estaban aseguradas y esto fue porque el director jurídico del ayuntamiento demandado presentó una promoción al presidente del tribunal pedido se descongelen las cuentas aludiendo que son del ramo 33 y que eran inembargables pero esa promoción no sustento no hay ningún escrito o documento, llámese partidas presupuestales, oficios de hacienda federal o algo similar, no sustentan, es un acto de corrupción y un acto de poca, ya los trabajares ya no pueden cobrar porque las cuentas no están aseguradas”.
El abogado defensor adelantó que buscaran los mecanismos legales para proceder en contra del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje ante su mal desempeño de funciones al liberar las cuentas de HSBC y Bancomer por casi 25 millones de pesos con el supuesto alegato de que el área jurídica del Ayuntamiento demandado solicitó la liberación de los recursos por tratarse de recursos federales del ramo 33, sin embargo no presentó documentación para comprobarlo.
“Los convocamos para dar a conocer qué clase de tribunal de conciliación tenemos en el estado, un tribunal totalmente servil a las fuerzas del poderoso en este caso al Ayuntamiento de Felpe Carillo Puerto porque hace y deshace a sus anchas y aprueba todo lo que el ayuntamiento le ordena, tenemos dos años de lucha queriendo cobrar un laudo condenatorio firme desde el 2015 y por varias trabas que presenta el municipio en cuando amparos no frenaba para continuar el procedimiento y ejecutar el laudo”.
Señalo que no desistirán de la lucha y continuaran con el plantón que mantiene a fuera del palacio municipal de Felipe Carrillo Puerto y ahora en los bajos de palacio de Gobierno del Estado luego de no obtener respuesta favorable de las autoridades. Además advirtió que si el día de mañana no se resuelve este problema, recurrirán al cierre de la carretera Felipe Carrillo Puerto Tulum y otras medidas necesarias legales para hacer valer el estado de derecho y justicia a los 74 trabajadores despedidos injustificadamente.
