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Más de 70 cámaras fueron retiradas este año; propondrán reforma legal para frenar su instalación ilegal
Por Jorge Arguelles
Chetumal.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo logró desmantelar seis centros clandestinos de videovigilancia, presuntamente utilizados por grupos delictivos para observar los movimientos de autoridades en distintos puntos del estado.
El titular de la SSC, Julio César Gómez Torres, detalló que estas instalaciones estaban equipadas con más de 70 cámaras, colocadas de manera ilegal en postes de luz, semáforos y otros elementos de la infraestructura pública. Los dispositivos no estaban conectados a los centros oficiales de monitoreo (C2 y C5), y su ubicación sugería un uso estratégico para anticipar o evadir operativos policiales.
“Hemos detectado y desactivado estas cámaras que presuntamente estaban al servicio de actividades ilícitas. La vigilancia continuará de manera permanente para impedir que este tipo de redes se restablezcan”, afirmó el funcionario.
Las intervenciones se realizaron en Othón P. Blanco (3 puntos), Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez, donde los dispositivos fueron retirados para su análisis forense y legal.
Además, Gómez Torres anunció que ya se trabaja en una propuesta de reforma a la Ley de Videovigilancia del Estado, con el objetivo de endurecer las sanciones para quienes instalen este tipo de sistemas sin autorización y con fines ilícitos.
La iniciativa está siendo elaborada por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y será presentada ante el Congreso local en las próximas semanas.
Cámaras “parásitas” bajo la lupa
El secretario reiteró que no está permitido instalar cámaras de videovigilancia en vía pública, a menos que estén autorizadas por el estado o sean parte del sistema oficial de monitoreo. Las cámaras en propiedades particulares que vigilan la periferia del domicilio son legales, pero no aquellas montadas en postes, árboles, semáforos u otras estructuras públicas.
También llamó a la ciudadanía a reportar cualquier cámara sospechosa, ya que todas las cámaras públicas oficiales están identificadas y registradas. Las que no lo estén, serán consideradas irregulares y retiradas.
“No solo nos preocupa, ya nos ocupa. Esta vigilancia ilegal no tiene lugar en un estado que apuesta por la paz y la legalidad. Vamos a seguir trabajando junto con todas las corporaciones: Marina, Guardia Nacional, fiscalías y policías municipales”, subrayó.
El funcionario se comprometió a proporcionar cifras actualizadas en próximas conferencias, dado que este operativo se mantendrá de forma permanente.
