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Otros dos colaboradores del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, obtuvieron el beneficio de arraigo domiciliario, se trata del ex secretario de Gobierno, Gabriel Mendicutti Loría, y la ex directora de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado (CAPA), Paula González Zetina.
En audiencia de revisión de medida de la carpeta administrativa 151/2017, llevada a cabo en los juzgados orales penales del distrito judicial de Chetumal, se modificó la medida cautelar de Gabriel “N”, en dicha audiencia se ordenó el traslado del ex funcionario a la su casa en Playa del Carmen.
Aunque inicialmente se informó que sería trasladado a una clínica particular de la ciudad de Mérida, con posterioridad y de manera extraoficial se dijo que el ex funcionario alegó incapacidad de pago, pero que su defensa alegó que padece claustrofobia, ante lo cual el juez determinó otorgar la medida cautelar.
Hasta el momento no se ha dado detalle del estado de salud del ex secretario de gobierno, pero dados los argumentos de la defensa, es de inferirse que la misma no ha mejorado.
Además, la salud del indiciado se agrava cada vez más por la falta de convivencia con su hijo que padece trastorno neurológico complejo.
El pasado 20 de enero Mendicutti Loría fue detenido en Playa del Carmen por supuesto desempeño irregular de la función pública e irregularidades en el ejercicio de 534 millones de pesos del erario. Tras ser vinculado a proceso dejó en garantía 21 vehículos y 17 propiedades.
El 9 de febrero fue trasladado a una clínica privada de Chetumal por complicaciones en su salud, donde permaneció hasta la tarde de este miércoles.
Respecto al caso de González Zetina, mediante la revisión de medidas cautelares, su defensa logró que el juez concediera el arraigo domiciliario.
En función de que el Juzgado Federal otorgó un amparo en función de que la prisión preventiva no estaba debidamente acreditada por los elementos aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La ex directora de la CAPA es acusada de desvío por mil 56 millones de pesos correspondientes a contraprestaciones de Aguakán, y 560 correspondientes a un empréstito avalado por la anterior Legislatura para ejecución interna.
Ambos indiciados dejaron en garantía ante el Juzgado de Control sus pasaportes, visa y documentos personales que les impidan abandonar el arraigo impuesto.
La Policía Procesal realizó el traslado de los ex funcionarios a sus hogares, donde quedaron bajo custodia de la Estatal Preventiva (PEP).
