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A raíz de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Poder Judicial de Quintana Roo trabaja en regularizar la situación de los internos de las cárceles municipales de Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad, para redirigirlos a los centros de reinserción social del estado.
Al respecto, José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, recordó que en diciembre pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 69/2018 dirigida a su persona y al Consejo de la Judicatura del estado, en referencia a la reclusión irregular en las cárceles municipales de los municipios referidos.
Apuntó que dicha recomendación se ha realizado en todos los estados del país y está relacionada con una política de readaptación social.
De esta manera se han identificado las necesidades técnico-operativas que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos durante el procedimiento.
En otro tema el magistrado León Ruiz apuntó también que se han realizado estrategias para abatir el rezago de expedientes, pues mientras en el 2017 el 74 por ciento de las personas privadas de su libertad carecía de sentencia, actualmente se redujo hasta 47 por ciento, lo que ha permitido desahogar las cárceles.
“Lo hicimos desde noviembre bajo el programa de abatimiento de rezago; generamos los consensos y en Cancún y Playa del Carmen contratamos otros jueces porque se focaliza el problema y trabajamos con los juzgados para dotarlos de equipos y personal, ya que había una gran deficiencia en ese sentido”.
León Ruíz dijo que la carga procesal de los juzgados pudo desahogarse bajo una nueva logística y acuerdos. Recordó que durante 2017 los juzgados del sistema tradicional se encontraban en circunstancias “nada óptimas” y se mantenía un desorden en los archivos.
Al respecto, José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, recordó que en diciembre pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 69/2018 dirigida a su persona y al Consejo de la Judicatura del estado, en referencia a la reclusión irregular en las cárceles municipales de los municipios referidos.
Apuntó que dicha recomendación se ha realizado en todos los estados del país y está relacionada con una política de readaptación social.
De esta manera se han identificado las necesidades técnico-operativas que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos durante el procedimiento.
En otro tema el magistrado León Ruiz apuntó también que se han realizado estrategias para abatir el rezago de expedientes, pues mientras en el 2017 el 74 por ciento de las personas privadas de su libertad carecía de sentencia, actualmente se redujo hasta 47 por ciento, lo que ha permitido desahogar las cárceles.
“Lo hicimos desde noviembre bajo el programa de abatimiento de rezago; generamos los consensos y en Cancún y Playa del Carmen contratamos otros jueces porque se focaliza el problema y trabajamos con los juzgados para dotarlos de equipos y personal, ya que había una gran deficiencia en ese sentido”.
León Ruíz dijo que la carga procesal de los juzgados pudo desahogarse bajo una nueva logística y acuerdos. Recordó que durante 2017 los juzgados del sistema tradicional se encontraban en circunstancias “nada óptimas” y se mantenía un desorden en los archivos.
