– Proponen reformas a la Constitución del Estado y de varias leyes de la administración pública para hacer precisiones sobre requisitos a personas que deseen acceder a un cargo público
– En los estados de Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo y Yucatán ya se encuentra previsto en su normatividad aplicable
CHETUMAL, 17 de mayo.- Las diputadas de la XVII Legislatura, Cinthya Yamilie Millán Estrella, Maritza Deyanira Basurto Basurto y Elda Candelaria Ayuso Achach, proponen reformas a la Constitución del Estado y de varias leyes de la administración pública para hacer precisiones sobre todas las personas que deseen acceder a un cargo público no sean deudoras alimenticias morosos, no tener antecedentes penales por feminicidio o sentencia por violencia política contra mujeres en razón de género.
En la justificación de la propuesta las legisladoras mencionan que en los estados de Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Oaxaca e Hidalgo, ya se encuentra previsto en su normatividad aplicable, algunos de los requisitos mencionados para acceder a un cargo público y de manera reciente en Yucatán en la que se denomina “Ley 3 de 3 contra la violencia”.
Yucatán reformó su Constitución, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Partidos Políticos, así como el Código de la Administración Pública, todas para el estado de Yucatán.
En Quintana Roo, el Banco Estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, en su primer informe trimestral de 2023, refirió que se registraron 4,764 mujeres víctimas de violencia y un total de 7,846 casos, son mujeres víctimas con más de un episodio de violencia.
Se registraron 10,334 diferentes servicios interinstitucionales en las que se brindó atención a la víctima, considerándose que una misma víctima, puede activar todo un andamiaje de instituciones, independiente de la que funja como primer vínculo en la atención.
Se precisa que Quintana Roo se encuentra en la posición número 4 en el registro de víctimas a nivel nacional, en la posición 3 en medidas de protección, en la posición 8 en servicios otorgados, en el ámbito familiar hubo un total de 7,529 casos de violencia, todos ocurridos en el primer trimestre de 2023.
Derivado de los datos anteriores, se puede apreciar que los instrumentos jurídicos así como las instituciones que tienen como finalidad, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; aún no causan el efecto para el que se implementaron.
Se propone adicionar como requisito para que las personas que desean ocupar un cargo como servidor público, no cuenten con antecedentes penales por feminicidio, violencia obstétrica, violencia familiar, violencia vicaria y delitos contra la libertad y seguridad sexual, entre los que se encuentra la violación, abusos sexuales, estupro, acoso sexual, hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual, ciberacoso sexual o violencia digital, previstos en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
La iniciativa de decreto adicionan y reforman diversos artículos de la Constitución Política de Quintana Roo, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y del Código de Justicia Administrativa, todas del estado de Quintana Roo.
La propuesta está rubricada por las diputadas Cinthya Yamilie Millán Estrella, Presidenta de la Comisión de la Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos; Maritza Deyanira Basurto Basurto, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad y Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Cultura.