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El diputado presidente de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura del Congreso del Estado, Hugo Alday Nieto, afirmó que se trabaja en la nueva Ley de Juicio Político que buscaría aclarar los procedimientos y sobre todo ampliar el periodo de prescripción.
Esto debido a que la mayoría de los juicios políticos interpuestos en contra de ex presidentes municipales y funcionarios señalados de mal versar recursos y cometer otras irregularidades, terminaron desechándose porque prescribieron.
Recordó que con las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se eliminó en el sexenio anterior el procedimiento de desafuero, sin embargo quedo como pendiente modificar el periodo de prescripción de los juicios políticos, que actualmente es de un año una vez inicie el procedimiento.
“Nosotros lo que estamos proponiendo ahorita y retomando es una iniciativa que presento en su momento la diputada Cristina Torres que es generar una nueva ley de juicio político y es en lo que estamos trabajando, con ello se buscaría aclarar el proceso y ampliar la prescripción, el tema es que es constitucional y ni por más que la ley se pondere y se estipulen 10 años, la constitución rige, cuando tengamos el nuevo proyecto de la ley propondremos alguna reforma constitucional”.
De las 18 solicitudes de juicio político que recibieron se resolvieron siete, mientras que el resto prescribieron o quedaron en el proceso de admisión.
Dijo que no se llevaron mayores actuaciones ya que cuando se inicia un juicio político solo se tiene un año para concluir con el procedimiento.
“La mayoría que nosotros recibimos aquí en el congreso ya había pasado ese año para poder ser declarados culpables en su caso por parte del pleno y en este sentido la gran mayoría ya están prescritos porque cuando recibos ya tenían más de un año salvo uno que aún esta vigente”.
Durante la actual legislatura, se han presentado cuatro solicitudes de juicio político, de las cuales tres han sido desechadas por carecer de sustento a excepción de uno que está siendo analizado por la Secretaría de la Contraloría del Estado para verificar la posibilidad de que se proceda en c contra de un funcionario del Tribunal de Justicia Administrativa.
Finalmente el legislador del Partido del Trabajo, puntualizó que otra de las prioridades de la Comisión de Justicia que preside, ha sido la de atender el rezago de iniciativas en materia penal, logrando hasta el momento abatir en un 50% las 100 las iniciativas que en su momento habían sido heredadas a la actual legislatura.
