GOBIERNO ESPIO A FAMILIAS DE LOS 43

 

 

 

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, es otra muestra del espionaje al que son sometidos víctimas del crimen y defensores de derechos humanos en México. El teléfono de Omar García, sobreviviente de la noche de Iguala, y tres abogados: dos del Centro Prodh y uno del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron intervenidos en los momentos más álgidos del caso, que sigue vivo a nivel judicial y también ocupa el centro de atención de organizaciones civiles nacionales y extranjeras.

El normalista sostiene que no sólo él, sino que varios de sus compañeros fueron víctimas de vigilancia ilegal, ya sea por medio de la intervención de sus teléfonos e incluso por personas que les seguían los pasos. Omar afirma, en entrevista con SinEmbargo, que desde hace años se percató de que en el Gobierno “no se iban a limitar [ a espiar] al narco ni a sus enemigos” –como los denominaban–, sino que también irían tras activistas, luchadores sociales, defensores de bosques y de derechos humanos.

El espionaje en México se ha adentrado en el caso judicial más importante de lo que va de este sexenio en México: la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero. Omar García Velázquez, sobreviviente de la tragedia del 26 de septiembre de 2014 y, posteriormente, activista, también fue blanco de la intervención de su teléfono celular e incluso, afirma, de vigilancia personalizada.

En noviembre del 2015, una supuesta conversación telefónica fue publicada por el diario Milenio. Se acusaba a García Velázquez de estar enterado de un intento de “levantón” de normalistas por parte de un grupo delictivo. El joven alertó en su momento que sus palabras fueron editadas.

Casi seis meses después de la filtración de la llamada de Omar, en los medios de comunicación mexicanos se dio a conocer una conversación de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias de los jóvenes normalistas e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El teléfono del litigante fue intervenido en la víspera del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 24 de abril del 2016, que echó por tierra la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre lo sucedido a los 43 normalistas.

Por esas mismas fechas, otros de los abogados que apoyan en la indagatoria sobre el caso Iguala también vieron intervenidos sus teléfonos: Mario Ernesto Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Santiago Aguirre, abogado directo de las víctimas. Ellos dos son parte del grupo de activistas y periodistas víctimas del espionaje que el diario estadounidense documentó.

En algún momento de la guerra contra el narcotráfico, el equipo de inteligencia del Gobierno federal pasó de espiar criminales a defensores de los derechos humanos, señala Omar García, quien desde el 26 de septiembre del 2014 asumió un papel activo en la exigencia de aparición con vida de sus compañeros.

En entrevista con SinEmbargo, Omar relata la vigilancia a la que fue sometido y sus puntos de vista sobre esta problemática.

© Proporcionado por Sin Embargo

Las familias, los normalistas y los abogados que exigen justicia en el caso de los 43 supieron desde el principio que el Gobierno los iba a vigilar e incluso a perseguir y presionar, dice Omar García Velázquez. Foto: Cri Rodríguez

***

—¿Qué perspectiva tienes sobre el escándalo de espionaje que recién sacude al Gobierno federal?

—Recuerdo que desde hace mucho tiempo, desde el 2008 y 2009, cuando hablábamos con Tlachinollan [centro de derechos humanos] y otros organismos civiles se decía que el Gobierno mexicano, de pronto, había cambiado de enemigo en la guerra contra el narco. Ya no era una búsqueda de un enemigo exterior sino interno, e incluía no a los grupos criminales sino a los críticos y opositores.

—¿Esos eran ustedes?

—Nosotros veíamos que no se iban a limitar al narco ni a sus enemigos como los denominaban, sino que también irían contra activistas, luchadores sociales, defensores de bosques, de derechos humanos. Es algo que hemos venido padeciendo desde hace mucho tiempo, y que hemos visto lo sufren también otras personas. Por lo tanto, ojalá y continuara esta denuncia de manera formal y cesaran estos actos de espionaje.

—En tu caso particular, tu teléfono fue intervenido. ¿Por qué se volvió el movimiento de los 43 de Ayotzinapa en un blanco para las autoridades federales?

–Pues porque querían conocer que estaba pasando dentro: quiénes movíamos, quiénes dirigíamos, quiénes jugábamos un papel importante dentro de ese movimiento. Además, desde el principio se nos trató de vincular con el narcotráfico que era, según yo, la principal razón que perseguía el Gobierno. Cualquier palabrita que dijéramos del narco era escandaloso para ellos, y era una muestra, una clave, para llegar a acusarnos de cosas así.

—¿Eran vigilados constantemente?

—Recuerdo que dije en una entrevista con Aristegui Noticias que en una conferencia en Chilpancingo unos funcionarios de alto nivel nos decían: ”Pero sus compañeros escuchaban corridos de narcos”. Esto lo decían porque semanas atrás, les habíamos pasado todos los números de los compañeros que estaban desaparecidos. Es decir, que podían meterse no sólo a sus datos como tal, sino a todo ese bagaje, todas las sábanas de llamadas que mostraban lo que escuchaban los compañeros en el YouTube, en las redes sociales… imagínense cuánta es la capacidad, y hasta dónde pueden llegar.

—¿Crees que buscaban una asociación con el narcotráfico para abonar a la “verdad histórica”?

—Sí, la “verdad histórica” está sustentada en que nuestros compañeros habrían pertenecido a un grupo rival de los Guerreros Unidos, “Los Rojos”, y que por eso buscaban entre los normalistas a quienes estuvieran vinculados con Los Rojos. En ese tiempo, en la llamada que filtraron, yo hablaba sobre que Los Ardillos andaban por ahí en Tixtla, y que los compañeros evitaran salir a Tixtla. Porque si esos cabrones llegaban a hacerles algo, por error o lo que fuera, y dada la situación tan caliente, tan visible en esos momentos, pues iban a salir luego luego [las autoridades] a decir: ”¿Ya ven? Eran Rojos”. O también: “Sí tienen conflicto con otros”.

—En aquel entonces señalaste que fue editada la conversación. ¿Crees que fue hecho desde una agencia gubernamental?

—Sí, pues ustedes que son reporteros, medios de comunicación, lo saben. En mi formación política de Ayotzinapa nos mostraban documentales del Canal 6 de Julio donde se destacaba cómo se puede editar la voz perfectamente de una persona, de quién sea. Poniéndola en planos distintos. En fin, no me voy a meter en esos temas, no los conozco mucho, pero claro que se pueden editar.

—¿Nunca pensaste en proceder penalmente por el espionaje?

—No, ni siquiera nos vino a la mente. Más bien nuestra prioridad era la denuncia y el proceso que estaba llevando todo el tema de los 43, los chavos asesinados; también los procesos sobre los policías y los presos que tenía la Procuraduría General de la República, para que fueran de manera adecuada. Por cierto, ninguno de ellos está procesado por desaparición forzada. Y ese es un tema delicadísimo.

—¿La justicia en México sólo puede venir de afuera?

—En la situación actual no hay posibilidad de que las autoridades se investiguen a sí mismas. Uno de los referentes claros que pudimos haber dejado como movimiento de Ayotzinapa es desenmascarar esa realidad. No puede haber justicia interna sobre las propias autoridades, por fuerza tiene que haber mecanismos paralelos, que caminen junto a éstos para mostrar más de claridad en las investigaciones. Y aún así vemos que la justicia interna se impone sobre la externa y los expulsa, que fue lo que hicieron con el GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes, creado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos], estaban develando muchísimas cosas, más allá de las que se imaginaba el Estado mexicano, y eso no les convenía.

—¿El espionaje está tomado en cuenta en relatorías internacionales?

—Sí está tomado en cuenta que los familiares, los acompañantes legales, los sobrevivientes hemos sido víctimas de espionaje y de intimidación a través de las redes sociales, de nuestros teléfonos y en la vía pública. No sólo es la cuestión de espiar, sino que nos han perseguido, personas extrañas andan en los lugares hacia donde nosotros vamos.

—El escándalo de espionaje explota en la actual administración. ¿Qué opinión te merece la respuesta del Gobierno federal a The New York Times?

—Es una respuesta que todos conocemos. Ellos siempre van a negar. Incluso, El País expuso en una nota que hasta el 2021 pueden dar a conocer información porque está clasificada. Hace unos días Peña Nieto dijo si son “muy machos, que presenten pruebas”. Son cínicos, son lo peor que le pudo haber pasado a este país y una tras otra podemos contarles las incoherencias, los delitos y los asesinatos.

—¿Cómo la agresión a los estudiantes de Tiripetío, el 21 de junio pasado?

—Balearon a esos compañeros normalistas en Michoacán y ellos como si nada. Días atrás había dicho Silvano Aureoles [Gobernador de Michoacán] que “ojalá que la paliza que les dieron a los normalistas de Tripetío en Aguascalientes a principios de este mes les hubieran servido para que aprendieran”, y luego los balean. Son cínicos, saben del manto de impunidad en el cual se cobijan. Pero eso no implica que no tengamos que arreciar, no levantar la voz, tanto contra el espionaje como contra todo lo demás, porque ellos son parte de una política de Estado.

—Hemos visto las discusiones para aprobar una Ley de Seguridad Interior, ¿esta ley abriría una puerta para que aumente el espionaje?

—Yo pienso que una de las partes más criticadas de la Ley de Seguridad Interior es precisamente que las autoridades militares van a tener facultades por encima de las civiles, y entre ellas está espiar, escuchar llamadas, ingresar a los datos de las redes sociales o aparatos de las personas investigadas. Y ahora que salió esto en el New York Times, donde se ponen en evidencia que el Gobierno sí espía a activistas, defensores y a luchadores sociales, pues está claro que con esto de la Ley de Seguridad Interior le daría un escudo a los militares para que sigan en la calle, pero también a todo este asunto del espionaje. Y que quede claro que no nos quejamos porque es ilegal, nos quejamos para que simplemente no lo hagan, porque es ridículo. Pareciera que dijeran que lo van a hacer legal y no, son cosas que no deben de hacerse, no deben de entrar en la privacidad de las personas, y mucho menos los militares.

—Hablemos del caso de los 43. ¿Cómo ves la respuesta del Gobierno federal al Mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

—Yo creo que fue un golpe devastador el que dio el Gobierno federal cuando expulsó al GIEI, después llegó este Mecanismo Especial que se ha establecido y viene a México cada tres meses, y así es difícil que haga un trabajo semejante al que hizo el GIEI. Para eso se necesita presencia constante en el país, revisar expedientes, hablar con víctimas, investigar; pero acá, bajo sus condiciones, el Gobierno se aseguró de que sólo el mecanismo reciba los informes del Gobierno y las familias, pero no tiene chance de actuar sobre el terreno y ese es un problema serio.

—¿El cambio de Gobierno federal en 2018 podría darle un nuevo impulso a las investigaciones?

—Esperemos que con el cambio de Gobierno, de la administración federal, puedan reactivarse nuevos mecanismos más fuertes que los de ahora. Es una contienda tremenda la que llevamos contra este Gobierno y ellos sienten que nos están ganando. Nosotros tenemos la esperanza de reimpulsar precisamente. […] Pienso que la coyuntura que viene puede abrir un nuevo impulso para el movimiento de los 43, como siempre ocurre los diferentes contendientes procuran quedar bien con las causas vigentes o importantes. Pudiera ser. También hay quienes se atreven a decir que el mismo Gobierno de Enrique Peña Nieto pudiera otorgar cierta verdad al caso con el fin de legitimarse y, entonces, después del 2018, por ahí del 2020 en adelante, la gente que piensa estupideces en su cabeza va a decir: “Ayotzinapa fue una jugada del PRI”, como ahora se dice de los zapatistas. Nosotros no vamos a soltar nuestro tema que son los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, más los miles que hay en el país. No vamos a soltar este referente que estamos creando. No lo podemos soltar después de haber llegado tan alto.Para nosotros sería morir, sería rendirnos.

 

–