En las últimas semanas de julio los eventos en México son desalentadores casi en todas las áreas de responsabilidad del Gobierno de la República e instituciones federales. Cada día el mexicano común amanece con una nueva decepción, viéndolo en retrospectiva a partir de éste semana el evento de la presentación ante el juez del exgobernador veracruzano Javier Duarte deja la percepción de lo que nos imaginábamos todos; un presunto acusado de delitos federales y locales protegido a toda costa por las autoridades federales mexicanas; hoy ya todo México sabe de ¿qué se reía Javier Duarte? Cuando fue presentado ante las autoridades guatemaltecas así como de su sentencia cifrada, indirecta hacia sus captores y cómplices.
Por si fuera poco la PGR preocupada por armar un robusto caso desde la extradición (dijo) solo hace el ridículo ya en México frente al juez. Duarte –volvemos a repetir- será juzgado solo por delitos menores y obtendrá su libertad. Caso similar ocurrió al mismo tiempo cuando otro exgobernador –el de Quintana Roo- Roberto Borge que desde Panamá y negándose a la extradición comienza a ganar amparos en Quintana Roo, sin estar en dicho lugar y larga distancia, por medio de sus abogados.
Tomas Yarrington otro exgobernador detenido en Italia se defiende y se auto define como perseguido político.
De igual forma da inicio el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) un nuevo aparato burocrático creado sin un verdadero compromiso con la transparencia y rendición de cuentas que nace sin Fiscal Anticorrupción pues el Senado no ha logrado designar su titular; no se ha aprobado la Ley General de Archivos, parte del SNA, los sistemas locales anticorrupción no han sido creados en la mayoría de los Estados; y no se ha nombrado a los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa quienes se encargarían de juzgar los casos graves de corrupción. Es decir lo que más hay es simulación.
El caso del Instituto Nacional Electoral también destaca por su vacilante aplicación de la ley, el INE dotado desde su última reforma de más herramientas de fiscalización se encuentra entrampado para dictar el rebase de topes de campaña y da mayor plazo a los partidos políticos para entregar formatos que aún no hayan entregado sobre gastos y pruebas de no pago a representantes de casilla, es decir facilidades a partidos que cometieron delitos electorales suficientes para anular la elección, con el objeto de no anularla. Lo que traería una seria complicación de las posibilidades de futuras coaliciones. Más simulación.
Todo en medio de la semana del socavón del Paso Exprés México-Cuernavaca que da una demostración de la ineficiencia, corrupción e impunidad de los contratos gubernamentales en obras de infraestructura; una ampliación de 6 a 10 carriles, poco más de 14 km, 2,213 millones de pesos, más del doble de lo presupuestado; contratistas cercanos al poder y el ingrediente más patético que representa las declaraciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Sacristán exculpando primero a cualquier actor, la culpa es de las lluvias, las alcantarillas y la basura; indemnizar a los deudos para el mal rato que pasaron, se rescató el vehículo, etcétera..
Mientras la carrera por la sucesión sigue su acelerado paso a un año de distancia el árbitro de la contienda, el INE padece la descalificación y son cada día más las exigencias para que su Consejo General en pleno renuncie.
A un año de la elección presidencial México va configurando un escenario indeseable y eso sin mencionar las pugnas entre los partidos políticos internas, los rompimientos de alianzas y los posibles nominados a candidatos en plena campaña. México se enfrenta a un espejo indeseable creado por sus mismos hijos.