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Más de 400 funcionarios de nivel jefe de departamento, directores y hasta secretarios del gabinete estatal son los que podrían ser destituidos del cargo por no presentar su declaración patrimonial en tiempo y forma.
El titular de la Secretaría de la Gestión Pública Rafael del Pozo Dergal, informó que los cerca de cinco mil funcionarios tenían de plazo todo el mes de mayo para cumplir con esta obligación. Puntualizó que estos servidores públicos podrían perder sus nombramientos si no justifican porque no complacieron con su declararon.
“El efecto legal es que queda sin efecto el nombramiento, se le notifica y se le da la garantía de audiencia, se les tiene que escuchar y en caso de que no puedan acreditar la imposibilidad material de haberla presentado e manera oportuna pues se dejara sin efecto el nombramiento correspondiente sin importar el nivel del trabajador”.
Del Pozo Dergal abundó que quienes consideren que tienen algún error en sus declaraciones tienen hasta el 15 de este mes de junio para acudir a realizar las correcciones pertinentes. Según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, las sanciones para quienes incumplan con la obligación van desde la amonestación, sanción administrativa y hasta la inhabilitación, en caso de reincidencia.
CASO FELIX GONZÁLEZ
La Secretaría de la Gestión Pública también confirmó que existe una denuncia en el ámbito civil y mercantil que pudiera alcanzar a la administración gubernamental del actual Senador de la Republica Félix González Canto, por la simulación de la compra venta de un avión por 5.7 millones de dólares con la empresa Aves Flight Share. Si bien delitos del ámbito administrativo y resarcitorio han prescrito, el órgano fiscalizador en el estado explora otras vías jurídicas para fincar responsabilidades.
“Es una investigación que está en curso donde no voy hacer manifestaciones a detalle por razones obvias de la investigación y efectivamente hay una avión que fue rentado cuando la persona que lo vendió no tenía facultades para venderlo que lo simulo la propiedad del mismo para vendérselo al estado estamos en la etapa de la investigación es pronto para adelantar los resultados”.
Rafael del Pozo Dergal, señaló que independientemente a que administración corresponda los presuntos hechos constitutivos de delito o a quien se le finque la responsabilidad, la realidad es que existe una simulación de actos por lo cual existen denuncias interpuestas.
“El problema grave de la responsabilidades para la forma en la que están diseñadas las leyes es el plazo de prescripción en responsabilidades administrativas que son de uno a 3 años, sin embargo pudiera existir en materia de delito alguno que no esté prescrito y es algo que se está valorando”.
Por lo cual en el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, se está buscando una modificación sustancial en las reglas de plazo de prescripción y pasar de un año a 5 o 7 años y a partir de que el funcionario deje el cargo.
