4T: más pendientes que logros a cuatro años de gobierno

 

Cruda pero real, es el análisis que “México, ¿cómo vamos?”, realizó de los cuatro años del llamado gobierno de la “Cuarta Transformación” que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la que puntualiza lo que queda a deber, lo que falta por hacer en seis importantes rubros que son Bienestar y progreso social; Acceso y cobertura de servicios de salud; Acceso y calidad de la educación; Estructura del mercado laboral; Pobreza laboral, e inversión en energía suficiente y limpia. Con el título “Pendientes a 4 años de la Cuarta Transformación”, presenta una radiografía precisa de lo que le falta por hacer a la actual administración a sólo dos años de que concluya.

En los dos primeros párrafos introductorios se aglutina todo lo que se expone a lo largo del documento, que a la letra dicen: “Desde el inicio de la administración en 2019, tanto el bienestar -medido a través del progreso social- como la economía mexicana ya presentaban señales de deterioro, incluso antes de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, la serie de sucesos registrados en años posteriores, han venido incrementando las desigualdades en el corto y largo plazo, sin una adecuada intervención por parte del Estado”.

“En 2020, la pandemia impuso retos adicionales en rubros como educación, salud y pobreza; la recuperación económica en 2021 fue lenta, desigual e insuficiente, y en 2022 la alta inflación ha encarecido el costo de los alimentos de manera desproporcionada”.

En el rubro “¿Cómo vamos con el progreso social?”, recuerdan que “Por el bien de todos, primero los pobres” fue una de las consignas electorales con las que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo campaña.

El documento destaca que antes del inicio de la administración y entre 2015 y 2018, se registró un avance acumulado a nivel nacional de casi dos puntos: el puntaje nacional de progreso social se estimó en 64.8 puntos, 2018 fue el año de mejor desempeño del que se tiene registro. Pero se afirma que a partir de 2019 la tendencia positiva observada comienza a revertirse, situación que empeora en los años posteriores debido al impacto negativo que tuvo la pandemia en, al menos, dos ámbitos: la salud y el mercado laboral.

Para 2021, el puntaje de progreso social en México se estimó en 63 puntos, es decir, en los primeros tres años de la administración -entre 2019 y 2021- se perdió lo ganado tanto a nivel nacional como en 30 de 32 entidades de la República.

Es de destacar lo señalado porque con la llegada de este gobierno a finales de 2018 y durante 2019, hubo cambios en distintos aspectos de la política social y económica, entre los que destaca la sustitución del programa de cobertura para personas sin derechohabiencia denominado Seguro Popular, que atendía a 53.5 millones de personas (44.7% de la población) al cierre de 2018; con el INSABI, una cobertura de 35.5 por ciento de la población en 2020, pero que en abril de 2022 fue sustituido por IMSS Bienestar con una cobertura apenas de 11.6 millones de personas en febrero de 2022. A pesar de que la cobertura del INSABI debía ser para todas las personas sin otro servicio de salud, la carencia por acceso a servicios de salud, medida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pasó de 16 en 2018 a 28 por ciento en 2020. Es decir, que la proporción de personas que no tenían acceso a servicios de salud aum

entó 75% en apenas dos años.

Son datos escalofriantes, pues exhiben el fracaso del Gobierno Federal en materia de salud, la que el presidente López Obrador ofreció de manera igualitaria o mejor que la que se brinda en países del primer mundo.

Dejan claro que, si bien la llegada de la pandemia en 2020 tuvo un indudable efecto en la economía y en el progreso social en el largo plazo, la falta de respuesta oportuna por parte del Gobierno Federal durante el primer año de la pandemia y gobiernos locales ante la crisis sanitaria y económica, aumentó la magnitud de la pérdida en el bienestar de las familias. El cierre de empresas y la pérdida de empleos agravó ese detrimento.

Se destaca también la desaparición de las estancias infantiles que en 2018 atendían a 320 mil mujeres. En 2022, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres trabajadoras -sustituto del programa de estancias infantiles- reporta atender a menos de la mitad (128 mil beneficiarias).

La Constitución Mexicana nos garantiza a los mexicanos el derecho de tener acceso a servicios de salud y que el gobierno provea un sistema para el bienestar (Art. 4º). Si bien, el rezago en este rubro no es exclusivo de los últimos cuatro años, el andamiaje institucional y recursos públicos han deteriorado el acceso de más personas a los servicios de salud pública. A pesar de esa garantía, desafortunadamente, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 no se realizaron reasignaciones presupuestales para fortalecer los servicios de salud pública, pilar para una recuperación incluyente pospandemia.

Innegable es que la pandemia implicó un importante rezago en educación por factores económicos y de salud que provocaron una gran deserción escolar durante ésta. Es muy cierto que México requiere una estrategia integral que por un lado atienda a los estudiantes que abandonaron sus estudios para que vuelvan a integrarse al sistema educativo y, por otro, atienda el rezago educativo que implicó el cierre de escuelas y la falta de acceso a tecnologías digitales.

Desafortunadamente, “México, ¿cómo vamos?”, confirma que para el 2023 no habrá algún programa de evalúe la calidad de la educación y estado de conocimientos básicos a nivel nacional. Estima que las brechas en el rubro son abismales y determinarán las oportunidades en el futuro.

En el aspecto laboral, se corrobora que el país tiene varios problemas estructurales que deben ser atendidos y solucionados desde lo público. El estudio señala, en torno a la informalidad laboral, que mientras no se cuenten con estímulos fiscales que promuevan la formalización de empresas y que disminuyan el costo percibido por las unidades empleadoras, el ritmo de disminución será lento, casi estancado. Y la relaciona con menor productividad, carencia de prestaciones sociales, así como ingresos laborales a corto y largo plazo.

A tan sólo dos años para concluir el mandato presidencial de López Obrador, se considera como el gran reto de cierre de sexenio el proveer las condiciones en el mercado laboral y suministro de alimentos para contrarrestar el importante incremento que observamos en la pobreza laboral, que impide a 51.5 millones de personas poder adquirir la canasta básica alimentaria con los ingresos de su hogar.

Se advierte también que en la primera quincena de noviembre de 2022 la inflación general se registró en 8.14 por ciento anual, pero los índices de precios de los alimentos presentaron una variación anual del 13.47 por ciento que pulveriza el poder adquisitivo de las personas y afecta en mayor proporción a los hogares de menores ingresos.

Es de lamentar que la inversión pública se encuentre en mínimos históricos al segundo trimestre de 2022 representó 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la inversión privada fue el 18.1 por ciento del PIB.

“La inversión pública debe destinarse a proyectos con una alta rentabilidad social y transparencia en la gestión de recursos públicos, porque es nuestro dinero. Además de sentar las bases de un Estado de derecho sólido y certeza jurídica que incentive la inversión privada y que genere bienestar para todos los ciudadanos”, destaca ‘México, ¿cómo vamos?, y lo suscribimos.