Yari Ajanel Alejo
Integrante del Seccional Sur
Parece ser que el derecho a la libre expresión y acceso de información para cualquier ciudadano ha sido condicionado, pues el crimen contra los periodistas en lo que va de este sexenio va en aumento.
La situación alarmante de los ataques y restricciones a la prensa que enfrentan los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es cada vez más preocupante.
De acuerdo con el informe de la UNESCO, América latina y el Caribe es la región con mas ataques contra los periodistas. Desde 1993, mas de 1600 periodistas fueron asesinados por cumplir con su labor de informar al público, en nueve de cada diez casos los asesinos salen impunes y lo que va del 2023 cada 13 horas hay un asesinato de periodista. En México han sido asesinados 7 reporteros y son 41 periodistas los que han perdido la vida por ejercer su profesión en lo que va el sexenio de López Obrador.
Si bien los asesinatos son la forma más extrema de censurar a los medios de comunicación, estos también están expuesto a secuestros, torturas e incluso hostigamiento digital. La violencia contra los periodistas crea un clima de miedo a los profesionales de los medios de comunicación, pues temen a la libre información, opinión e idea entre los ciudadanos.
Por otro lado, los sistemas judiciales han dejado impune a los autores que realizan la violencia contra estos, incluso no sustentan bien la investigación para dar una respuesta a la sociedad. Además, se hace hincapié el aumento de violencia cuando algún periodista da a luz información verídica de la mala administración del poder político pues es aquí donde están más propensos, mi pregunta es, ¿realmente el Estado respeta la libre expresión?, ¿vela por la seguridad de la prensa que lo único que hace es cumplir con su trabajo? Los datos no mienten y más bien se quiere dar una visibilidad al papel de una prensa segura y libre, cuando en realidad lo único que tratan es proteger la integridad de las elecciones que se avecinan y del sistema “democrático”, esto reafirma que toman las medidas necesarias para impedir que salga a la luz todo tipo de información que eche de cabeza las postulaciones.
Por eso, el Gobierno federal hace caso omiso a la ola inseguridad, pobreza y desigualdad que se vive en el país, pues es evidente que no está dispuesto a estropear el proceso electoral y no una serie de medidas para revertir el caos.
Es necesario que el Estado tome medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, garantizar que se haga una una investigación minuciosa y que los responsables sean llevados ante la justicia y reparen los daños, pero esto, no será posible con un gobierno como el de la 4T que fecunda un país en las peores tragedias como un suceso demagógico y electorero en vez, que sea una sociedad justa y por lo tanto, pacifica. Darse un gobierno así, es una tarea urgente para los mexicanos, pero es necesario que protestemos el descontento social, exijamos respuestas claras y terminar con la sucia política.