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Luego de los señalamientos de un testigo protegido de la Fiscalía General de Chihuahua sobre el presunto soborno del exgobernador César Duarte a 22 exdiputados de la legislatura anterior que se pronunciaron a favor de la “bursatilización” de los recursos carreteros, exlegisladores de la bancada del PRI negaron las acusaciones en su contra.
La exdiputada priista Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, que actualmente se desempeña como dirigente local del PRI en Ciudad Juárez, rechazó las acusaciones, pues, dijo, no recibió ningún tipo de recurso económico por el sentido de sus votaciones.
“He tenido oportunidad de platicar con varios de mis compañeros y en ningún momento han recibido ellos tampoco algún tipo de recurso económico para emitir algún tipo de votaciónen el tiempo que fueron diputados”, aseguró.
Chávez Jiménez criticó las acusaciones del testigo protegido, pues, desde su punto de vista, “si está siendo protegido es porque se supone que esta persona es un delincuente al que le están ofreciendo no sé qué para que dé este tipo de información”.
De acuerdo con El Diario de Juárez, otros exdiputados de Chihuahua, como Laura Domínguez (PRI) y Enrique Licón (coalición PRI-PVEM), negaron las acusaciones del testigo protegido y analizan la posibilidad de demandar por daño moral al Gobierno del Estado.
La única exdiputada del PRI que votó en contra de la bursatilización de los recursos carreteros, Tania Teporaca Romero, dijo que por la mala relación que llevaba con sus excompañeros de partido, que en el último año de labores no la convocaron a sus reuniones de trabajo, nunca tuvo información del supuesto soborno.
“Ese tema o no lo hablaron porque estaba yo presente y sabían cuál era mi postura o simplemente nunca se dio… si llegara a existir una prueba, que se exhiba”, pidió.
César Augusto Jáuregui Moreno, quien fue coordinador de los diputados del PAN durante el gobierno de César Duarte, comentó que se tiene que investigar la supuesta transacción entre la administración anterior y los exdiputados que votaron a favor del “endeudamiento”.
Durante la audiencia de vinculación a proceso de Sergio Medina Ibarra, acusado de peculado, se leyó el testimonio de un presunto funcionario de la Secretaría de Hacienda, quien narró cómo le fue ordenado comprar cuatro maletas en las que supuestamente fueron introducidos 22 millones de pesos, que posteriormente se repartieron a los exdiputados que votaron a favor de la iniciativa del exmandatario de Chihuahua.
Los exdiputados César Jáuregui y Tania Romero coincidieron en que, durante sus últimos días en el Congreso estatal, no hubo sospechas ni indicios del supuesto soborno referido por el exfuncionario de la Secretaría de Hacienda.
El excoordinador de la bancada del PRI y Presidente del Congreso durante la administración de César Duarte, Rodrigo de la Rosa, quien votó a favor de la bursatilización, omitió pronunciar su postura respecto al tema, a pesar de los contactos realizados.
Detienen a exdiputado y a su cómplice en Chihuahua
El exdiputado local de Movimiento Ciudadano, Fernando Mariano Reyes, así como el empresario Iván Eli Sánchez Jasso, fueron detenidos ayer en Chihuahua por el presunto desvío de 2 millones 400 mil pesos, informó el Fiscal del Estado, César Augusto Peniche.
Al exdiputado de Movimiento Ciudadano, así como a Sánchez Jasso, se les acusa por el delito de “peculado agravado” por “haber participado en el diseño y confección de contratos simulados para obtener un desvío a su favor por 2 millones 400 mil pesos”, dinero que presuntamente recibieron del exgobernador Duarte a manera de gratificación por votar a favor de la bursatilización carretera.
“El contrato que hicieron se efectuó como una distracción para obtener el dinero que salió de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, delito por el que se investiga a otros exservidores públicos de la dependencia, por haber posibilitado facilitado esta operación”.
Para realizar la operación, según el fiscal Peniche, entre julio y septiembre de 2016 se utilizó la empresa Bildung Consultoría Organizacional, “que firmó los contratos y simuló prestar servicios” para triangular los recursos.
“Realizaron un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales bajo el número SH/AD/001/SGG/2016, consistente en “Análisis Estratégico de Municipios del Estado de Chihuahua, en relación a la situación financiera del Gobierno Federal y la Prospectiva de los Programas Federales y su Aplicabilidad”, los cuales nunca fueron prestados”, reveló Peniche.
De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio de Chihuahua, en poder de Animal Político y Yo Ciudadano, la empresa Bildung Consultoría Organizacional S & S. S.A de C.V, fue creada el 5 de diciembre de 2011 en Chihuahua, Chihuahua, con un capital social de 50 mil pesos.
El objeto principal de la sociedad es la prestación de servicios y la consultoría fiscal y financiera. Como dueños aparecen Iván Eli Sánchez Jasso, con 40 acciones, y Omar Alejandro Mendoza Cuervo, con 10.
En el acta constitutiva de la empresa, Sánchez Jasso figura como el administrador único y apoderado legal, mientras que como comisario aparece Ramón Mendoza Hernández.
Durante la protocolización de la empresa, Iván Eli Sánchez Jasso se dijo originario de Chihuahua, Chihuahua, soltero, nacido el 10 de agosto de 1982 y de profesión psicólogo.
Sánchez Jasso es, además, dueño de la empresa GDI Importaciones S.A de C.V, con domicilio en Chihuahua. Como socio de la compañía, cuyo objeto tiene la “compra, venta, importación, exportación, fabricación, distribución y comercialización en general de todo tipo de productos, materiales y derivados”, aparece Ramón Mendoza Hernández, el comisario de Bildung Consultoría.
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