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Acusan de despojo de bienes públicos a Martín Cobos, operador político y delictivo de Marciano Dzul Caamal

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TULUM.- Bajo el amparo del poder en tiempos del gobierno de Roberto Borge Angulo (2011-2016), el tulumnense Martín Cobos Villalobos logró acumular una fortuna millonaria en tan solo cinco años, dos de presidente municipal y tres a cargo de la Comisión de la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq).

Hoy, sale a la luz una construcción de un hotel, presuntamente propiedad de Martín Cobos, en un área que estaba destinada para parques y jardines, pues toda la manaza es del municipio, que es propiedad del pueblo de Tulum y donde también se construiría una unidad deportiva.

Pero en lugar de ser usado para un bien público, Cobos Villalobos se lo apropió, con lo que daña el patrimonio de los ciudadanos, pues edifica una construcción en esos terrenos ubicados en la esquina de la calle Andrómeda Oriente y Libra Sur, en pleno centro de la ciudad; la prueba que el terreno era público, es la escuela que ahí se encuentra.

En ese contexto, para evitar la acción de la justicia, Martín Antonio Cobos Villalobos, cuenta con el amparo federal 1007/2017, desde el 7 de julio del 2017, porque presuntamente tiene una orden de aprehensión en su contra y de ahí que se previno para evitar su detención por parte de la Fiscalía General del Estado, pues es la encargada de cumplimentar dicha orden.

El juicio de amparo para Cobos Villalobos le permite limitar la acción de la justicia dentro de un marco constitucional, busca proteger sus derechos humanos y fundamentales, garantizando, por ende, la libertad de éstas frente al actuar arbitrario.

Pero los ciudadanos exigen que se les regrese lo que les pertenece por derecho, que se castigue a Martín Cobos y a su socio Marciano Dzul Caamal por el despojo al municipio de esa propiedad, que bien pudo haber sido usada para el goce de todos los tulumnenses.

También añaden que con la nueva ley de predios e invasiones, donde se demuestre que fueron adquiridos de manera ilícita, pues que se recupere, porque ya no se puede permitir más impunidad en este municipio, donde el cacicazgo es una característica y estilo de gobierno.

El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su capítulo segundo “Del Enriquecimiento Ilegítimo”, en el artículo 60 se explica que “Hay enriquecimiento ilegítimo cuando alguien, sin tener derecho para ello, aumenta su patrimonio en detrimento de otro”, que es el caso del expresidente municipal y el daño hecho al bien del pueblo.

 

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