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CON SÓLO DOS MESES EN EL ESTADO, LA NOMBRAN CONTRALORA DE LA FISCALIA

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La XV Legislatura del Congreso del Estado designó, por unanimidad de votos, a los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaip) y dLa XV Legislatura del Congreso del Estado designó, por unanimidad de votos, a los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaip) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quedando en la encomienda los profesionistas Rocío Hernández Arévalo y Aida León Canto, respectivamente.

No obstante, aspirantes que participaron en este proceso de elección denunciaron que las diputadas y diputados locales cometieron violaciones a las leyes estatales, pues la licenciada Aida León Canto no cumple la residencia mínima de 5 años para ocupar un cargo de alto nivel, lo cual se estipula en el artículo 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

Durante las entrevistas que la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos realizó a cada uno de los aspirantes a ocupar la titularidad del OIC de la Fiscalía General del Estado, la profesionista Aida León Canto, originaria de Yucatán, informó que hasta el pasado 19 de agosto se desempeñaba como directora jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Lo anterior quiere decir que su residencia en Quintana Roo es de menos de 2 meses, por lo cual no cumple con el requisito de antigüedad que marca la ley para ocupar un cargo público de alto nivel; a pesar de ello, la citada Comisión la incluyó en el Dictamen que contenía la terna de los candidatos, y finalmente el Pleno Legislativo avaló su nombramiento.

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, se establece que para desempeñar los cargos de Subsecretario, Director General, Director de Área, Subdirector, así como niveles intermedios entre éstos, dentro de la administración pública central, y sus equivalentes en la administración paraestatal, independientemente del nombre del puesto que se les atribuya, se deberá satisfacer, entre otros requisitos, el ser nativo o nativa de la entidad o tener residencia efectiva no menos de cinco años en el Estado.

A pesar de ello, la XV Legislatura designó este día a los titulares de los órganos internos de control del Idaip y de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de citados órganos autónomos.

Como titular del órgano interno de control del Idaip fue designada la licenciada Rocío Hernández Arévalo, mientras que como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General se eligió a la licenciada Aida León Canto, quienes rindieron la protesta de ley ante el Pleno de la XV Legislatura.

Las titulares durarán en su cargo cuatro años sin posibilidad de reelección, teniendo la encomienda de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Mientras que en el caso del Idaip, se encargará de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

La XV Legislatura del Congreso del Estado designó, por unanimidad de votos, a los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaip) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quedando en la encomienda los profesionistas Rocío Hernández Arévalo y Aida León Canto, respectivamente.

No obstante, aspirantes que participaron en este proceso de elección denunciaron que las diputadas y diputados locales cometieron violaciones a las leyes estatales, pues la licenciada Aida León Canto no cumple la residencia mínima de 5 años para ocupar un cargo de alto nivel, lo cual se estipula en el artículo 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

Durante las entrevistas que la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos realizó a cada uno de los aspirantes a ocupar la titularidad del OIC de la Fiscalía General del Estado, la profesionista Aida León Canto, originaria de Yucatán, informó que hasta el pasado 19 de agosto se desempeñaba como directora jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Lo anterior quiere decir que su residencia en Quintana Roo es de menos de 2 meses, por lo cual no cumple con el requisito de antigüedad que marca la ley para ocupar un cargo público de alto nivel; a pesar de ello, la citada Comisión la incluyó en el Dictamen que contenía la terna de los candidatos, y finalmente el Pleno Legislativo avaló su nombramiento.

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, se establece que para desempeñar los cargos de Subsecretario, Director General, Director de Área, Subdirector, así como niveles intermedios entre éstos, dentro de la administración pública central, y sus equivalentes en la administración paraestatal, independientemente del nombre del puesto que se les atribuya, se deberá satisfacer, entre otros requisitos, el ser nativo o nativa de la entidad o tener residencia efectiva no menos de cinco años en el Estado.

A pesar de ello, la XV Legislatura designó este día a los titulares de los órganos internos de control del Idaip y de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de citados órganos autónomos.

Como titular del órgano interno de control del Idaip fue designada la licenciada Rocío Hernández Arévalo, mientras que como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General se eligió a la licenciada Aida León Canto, quienes rindieron la protesta de ley ante el Pleno de la XV Legislatura.

Las titulares durarán en su cargo cuatro años sin posibilidad de reelección, teniendo la encomienda de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Mientras que en el caso del Idaip, se encargará de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

La XV Legislatura del Congreso del Estado designó, por unanimidad de votos, a los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaip) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quedando en la encomienda los profesionistas Rocío Hernández Arévalo y Aida León Canto, respectivamente.

No obstante, aspirantes que participaron en este proceso de elección denunciaron que las diputadas y diputados locales cometieron violaciones a las leyes estatales, pues la licenciada Aida León Canto no cumple la residencia mínima de 5 años para ocupar un cargo de alto nivel, lo cual se estipula en el artículo 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

Durante las entrevistas que la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos realizó a cada uno de los aspirantes a ocupar la titularidad del OIC de la Fiscalía General del Estado, la profesionista Aida León Canto, originaria de Yucatán, informó que hasta el pasado 19 de agosto se desempeñaba como directora jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Lo anterior quiere decir que su residencia en Quintana Roo es de menos de 2 meses, por lo cual no cumple con el requisito de antigüedad que marca la ley para ocupar un cargo público de alto nivel; a pesar de ello, la citada Comisión la incluyó en el Dictamen que contenía la terna de los candidatos, y finalmente el Pleno Legislativo avaló su nombramiento.

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, se establece que para desempeñar los cargos de Subsecretario, Director General, Director de Área, Subdirector, así como niveles intermedios entre éstos, dentro de la administración pública central, y sus equivalentes en la administración paraestatal, independientemente del nombre del puesto que se les atribuya, se deberá satisfacer, entre otros requisitos, el ser nativo o nativa de la entidad o tener residencia efectiva no menos de cinco años en el Estado.

A pesar de ello, la XV Legislatura designó este día a los titulares de los órganos internos de control del Idaip y de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de citados órganos autónomos.

Como titular del órgano interno de control del Idaip fue designada la licenciada Rocío Hernández Arévalo, mientras que como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General se eligió a la licenciada Aida León Canto, quienes rindieron la protesta de ley ante el Pleno de la XV Legislatura.

Las titulares durarán en su cargo cuatro años sin posibilidad de reelección, teniendo la encomienda de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Mientras que en el caso del Idaip, se encargará de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

e la Fiscalía General del Estado (FGE), quedando en la encomienda los profesionistas Rocío Hernández Arévalo y Aida León Canto, respectivamente.

No obstante, aspirantes que participaron en este proceso de elección denunciaron que las diputadas y diputados locales cometieron violaciones a las leyes estatales, pues la licenciada Aida León Canto no cumple la residencia mínima de 5 años para ocupar un cargo de alto nivel, lo cual se estipula en el artículo 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

Durante las entrevistas que la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos realizó a cada uno de los aspirantes a ocupar la titularidad del OIC de la Fiscalía General del Estado, la profesionista Aida León Canto, originaria de Yucatán, informó que hasta el pasado 19 de agosto se desempeñaba como directora jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Lo anterior quiere decir que su residencia en Quintana Roo es de menos de 2 meses, por lo cual no cumple con el requisito de antigüedad que marca la ley para ocupar un cargo público de alto nivel; a pesar de ello, la citada Comisión la incluyó en el Dictamen que contenía la terna de los candidatos, y finalmente el Pleno Legislativo avaló su nombramiento.

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, se establece que para desempeñar los cargos de Subsecretario, Director General, Director de Área, Subdirector, así como niveles intermedios entre éstos, dentro de la administración pública central, y sus equivalentes en la administración paraestatal, independientemente del nombre del puesto que se les atribuya, se deberá satisfacer, entre otros requisitos, el ser nativo o nativa de la entidad o tener residencia efectiva no menos de cinco años en el Estado.

A pesar de ello, la XV Legislatura designó este día a los titulares de los órganos internos de control del Idaip y de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de citados órganos autónomos.

Como titular del órgano interno de control del Idaip fue designada la licenciada Rocío Hernández Arévalo, mientras que como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General se eligió a la licenciada Aida León Canto, quienes rindieron la protesta de ley ante el Pleno de la XV Legislatura.

Las titulares durarán en su cargo cuatro años sin posibilidad de reelección, teniendo la encomienda de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Mientras que en el caso del Idaip, se encargará de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

 

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