Espacio Ciudadano de Quintana Roo Noticias del Estado de Quintana Roo
_+ Diputadas y diputados señalan que presuntamente hubo omisión en el actuar de las autoridades sobre los hechos donde una mujer fue severamente golpeada._
_+ Exhortan al presidente municipal de Othón P. Blanco, a que inicie una investigación y en su caso, destituya al juez calificador involucrado en estos hechos._
Chetumal, Quintana Roo. – Ante la presunta omisión de cumplimiento a la legislación vigente en el caso de una mujer que fue víctima de violencia de género, la XV Legislatura aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, para que instruya a los elementos a su cargo a cumplir y respetar el “Protocolo de Actuación del Primer Respondiente”, “Protocolo de Actuación Policial en materia de Género”, así como diversas leyes en la materia.
Además, también le demandan a las autoridades que presenten en un plazo no mayor a 10 días, un informe sobre las medidas y acciones a implementar para dar cabal cumplimiento a la normatividad y políticas públicas tendientes a eliminar la violencia de género y su atención eficaz.
En la sesión ordinaria número 31, presidida por el diputado Fernando Zelaya Espinoza, integrantes de la XV Legislatura avalaron el punto de acuerdo después de hacer diversos pronunciamientos en tribuna desde donde todos condenaron los hechos y exigieron se dé con el responsable y, en caso de que las investigaciones así lo demuestren, se sancione a las autoridades involucradas, sean del nivel que sean.
Aunque el acuerdo fue presentado originalmente por las diputadas Eugenia Solís Salazar, Adriana Chan Canul, Elda Candelaria Ayuso Achach, Yamina Rosado Ibarra, Leslie Hendricks Rubio y Gabriela Angulo Sauri, en la sesión se sumaron el resto de los diputados del Congreso local, quienes externaron su preocupación por el actuar de los primeros respondientes en el reciente caso de la mujer agredida en la ciudad de Chetumal.
Los legisladores mencionaron que tras conocer las versiones dadas a conocer por la Fiscalía General del Estado y la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, se presume un incumplimiento de los protocolos de actuación en materia de género y demás ordenamientos vigentes, lo que representa una grave omisión.
“El incumplimiento de éstos no sólo contraviene a los principios de actuación de las autoridades ante posibles hechos delictivos como lo es la violencia feminicida, sino que podrían desembocar en que el posible responsable se sustraiga de la acción judicial, limitando el acceso a la justicia de la víctima de estos hechos atroces e imposibilidad la plena reparación del daño a las personas agraviadas”, señala el punto de acuerdo.
En el texto, también se menciona que la inadmisible falta de perspectiva de género y de debida diligencia en la prosecución de un hecho delictivo, por parte de funcionarios públicos que actuaron como primeros respondientes del suceso, lesiona los derechos de las víctimas e indigna a toda la sociedad quintanarroense y en su caso, configura los delitos establecidos en los artículos 98-Ter y 248 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, y como tales deben ser sancionados.
La diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, expresó en tribuna que con este punto de acuerdo aprobado, el Congreso del Estado se está pronunciando en contra de cualquier tipo de violencia de género.
A nombre de la fracción parlamentaria del PVEM, la diputada Santy Montemayor Castillo y José de la Peña Ruiz de Chávez, expresaron su respaldo al punto de acuerdo y su solidaridad con las víctimas, no solamente del caso ocurrido en Chetumal, sino también con los otros casos que se han registrado en todo el estado.
La legisladora Silvia Vázquez Pech, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, aseguró que el caso del ataque ocurrido a la mujer en Chetumal, pone de manifiesto el peligro que significa ser mujer en Quintana Roo.
La diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, señaló que, en pleno siglo XXI, el hecho de nacer mujer sigue siendo un factor de riesgo para la propia vida. Agregó que la violencia, de cualquier tipo, es detestable y condenable, es un cáncer para nuestra sociedad; pero la violencia en el ámbito familiar y la violencia de género, nos aleja más de ser una sociedad justa.
Por su parte, la diputada Sonia López Cardiel cuestionó la realización de los días naranjas para prevenir la violencia contra las mujeres, pues solo se utiliza para la foto y no se atiende el problema principal.
En tanto, la diputada Gabriela Angulo Sauri exigió respeto y justicia para las mujeres en Quintana Roo, asegurando que las diputadas de la XV Legislatura no quitarán el dedo del renglón y estarán muy pendientes al seguimiento de las investigaciones, de las medidas, acciones y sanciones que se apliquen a los involucrados en estos lamentables hechos.
El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso dijo que las áreas de seguridad pública no tienen otra más que poder a disposición de la autoridad a los agentes involucrados, al área jurídica o al propio juez cívico. No hay manera como se pueda justificar esta omisión grave en la que incurrieron. “No podemos tolerar que alguien que cobra un recurso público, atente en contra de lo que, con esos recursos estamos tratando de combatir, que son los actos violentos en contra de la mujer.
Martínez Arcila indicó que es necesario involucrarse más en estos temas y a la vez preguntarnos “si hemos hecho lo que a nuestro alcance ha estado para saber qué están haciendo las corporaciones policiacas”, sin embargo, destacó la necesidad de que quienes declaren en estos hechos, lo hagan sabiendo que contarán con el respaldo de la Legislatura en caso de que haya alguna autoridad superior involucrada.
“Que sin ningún temor digan si en estos hechos recibieron llamada alguna de alguna autoridad superior jerárquica, política, administrativa, que les haya dado la orden de que a ésta persona la dirigieran a tal lado (…) Es justo que si hay gente de otro nivel involucrada se diga y se pongan sus nombres para que nadie, ni un diputado, o un servidor público de mayor nivel del gobierno estatal o municipal, se le ocurra estar protegiendo a gente enferma o borracha que solo daña a la sociedad”, señaló.
