Fiscalía de QRoo la más denunciada ante derechos humanos, acumula 204 denuncias, 11 por casos de tortura. Ningún elemento ha sido procesado.

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), Harley Sosa Guillen, reveló que la Fiscalía General del Estado a cargo de Miguel Ángel Pech Cen es quien acumula la mayor cantidad de quejas, al registrar de enero a la fecha un total de 204 denuncias, de las cuales 11 han sido por tortura y el resto por detenciones arbitrarias, trato cruel y degradante y dilación en la integración de las carpetas de investigación.

En total este organismo ha recibido un total de 1,031 quejas en contra de autoridades estatales y municipales y emitido 10 recomendaciones, de las cuales 6 han sido dirigidas a la fiscalía, sin que las últimas dos hayan sido aceptadas y cumplidas hasta el momento.

Sobre las recientes recomendaciones por dos casos de tortura en el 2015, en los que el fiscal Miguel Ángel Pech Cen se ha querido lavar las manos declarando que no fueron durante su periodo, el ombudsman puntualizó que no se trata de tiempos sino de una institución con elementos que no respeta los derechos humanos.

“Las recomendaciones o queja no van en contra de los periodos de los funcionarios, son en contra de la institución porque aunque un fiscal se vaya y otro llegue finalmente quienes cometieron actos de torturas son elementos judiciales que siguen en activo, siguen trabajando, en este año son 11 quejas por tortura en contra de la fiscalía y estamos investigando porque son muchos estudios que tenemos que hacer para acreditar, pero estos 11 caso son de este año, 7 casos en Benito Juárez, 3 en solidaridad y 1 en Tulum, son los 11 casos denunciados”.

Reconoció que los policías ministeriales señalados de cometer actos de tortura continúan desempeñando funciones al interior de la Fiscalía General del Estado a pesar de cometer un delito grave y uno de las peores violaciones a los derechos humanos. Lamentó que la autoridad proteja a los involucrados y señalados de causar graves agresiones a los presuntos inculpados para obligarlos a confesar delitos, que en muchas veces no los cometieron. 

“La tortura es un delito y la fiscalía está obligada a investigar un delito que merece pena de prisión y esperemos que todas al recomendaciones emitidas por tortura sigan siendo investigadas y concluyan porque todas siguen abiertas y hasta el momento no hay ninguna persona que haya tenido una pena de prisión por el delito de tortura cuando es una de la peores violaciones de los derecho humanos por lesiones graves que han puesto en riesgo la vida de personas por estos actos”.

Harley Sosa afirmó que en todos estos casos se aplica el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como el “Protocolo de Estambul”, para documentar la tortura y sus consecuencias. El propósito es evaluar a las personas que han sido torturadas y para reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras.

Finalmente aclaró que en caso de que venza el plazo de cinco días para que la FGE acepte y cumpla las recientes recomendaciones emitidas, se presentara ante el congreso del Estado un informe detallado de la omisión  con la finalidad de que los diputados llamen a rendir cuentas al fiscal de los motivos por los cuales ha sido renuente y en dado caso tomar medidas pertinentes.