El titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Manuel Palacios Herrera, confirmó que se encuentran a la espera de que las 104 dependencias y órganos desconcentrados del actual Gobierno entreguen sus cuentas públicas referentes al ejercicio fiscal 2017 para iniciar con su revisión por mandato de Ley.
Tan solo del Poder Ejecutivo son 74 áreas públicas que serán auditadas una vez que concluya el plazo el 30 d abril próximo para que entreguen sus cuentas públicas. También se encuentra el Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos descentralizados.
Explicó que en apego a las normas nacionales que exigen una planeación para las revisiones, se encuentran adecuando un calendario de actividades para poder cumplir en tipo y forma.
“Son las que vamos arrancar sin perder de vista que la Ley es clara, las entidad con el cambio y modificación a la Ley de Fiscalización y Revisión de Cuentas se señala que a partir de ahora el 30 de abril es la fecha límite para que los entes públicos envíen su cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado y es cuando estamos en posibilidades reales de poder iniciar la revisión en forma”.
También refirió que tras las reformas a las leyes locales, la Auditoría Superior del Estado cuenta con mayor tiempo para realizar las revisiones de las cuentas públicas y entregar el informe final al Congreso del Estado hasta el mes de febrero del siguiente año, sin embargo se ve obligado a entregar informes parciales cada semestre.
Puntualizó que actualmente solo la Fiscalía General del Estado y parcialmente Benito Juárez y Othón P. Blanco han entregado parcialmente su cuenta pública.
“Es un tema de ley y es clara, dice que tienen hasta el 30 de abril para que sean entregadas las cuentas públicas”.
CASO CERRADO FÉLIX GONZÁLEZ
El Auditor Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, negó que exista alguna fiscalización de las cuentas públicas del sexenio de Félix González Canto por los presuntos desvíos ocurridos durante su gobierno.
Expuso que la Ley es clara al señalar que existen plazos para realizar auditorías, aunque reconoció que pudieran casos extraordinarios o revisiones especiales si el Congreso del Estado lo solicitara, sin embargo esto no implicaría una responsabilidad administrativa o penal de detectarse irregularidades debió a la prescripción del o los delitos.
“En lo que competió a la revisión que realizó la Auditoría Superior del Estado fue para el ejercicio 2016 por mandato de ley y por instrucción del acuerdo que firmó el Congreso del Estado fue del 2015 con respecto a eso es la única situación en la que yo les puedo responder al respecto, la situación de ejercicios anterior no tengo los elementos para responderle porque competen o compitieron en su momento a la autoridad que estuvo al frente de la institución.
Finalmente dijo que las cuentas de 2016 y las especiales del 2015 solicitadas por el Congreso del Esto ya fueron determinadas y las anomalías ya quedaron en manos de la Fiscalía General del Estado.